Que sea considerada una droga ilegal, que su consumo no esté prohibido, pero sí su distribución y venta, que tenga una vertiente terapéutica o que haya organizaciones que trafiquen con ella son elementos, en ocasiones, contradictorios que ponen encima de la mesa la necesidad de una mayor claridad con respecto al cultivo, la venta y el consumo de esta sustancia.
Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ararteko, Defensoría del Pueblo Vasco, después de organizar, junto al Instituto Vasco de Criminología (IVAC), un foro de reflexión y participación ciudadana denominado Cannabis: Usos, seguridad jurídica y políticas que tuvo lugar en el pasado miércoles en el edificio Carlos Santamaría de la UPV, en Donostia.
En el acto participaron diversos expertos que trataron el tema desde perspectivas antropológicas, sociológicas, médicas y farmacológicas y jurídicas. Además, se expusieron las experiencias llevadas a cabo en países como Holanda y la realidad de los clubes sociales de cannabis con el objeto de «de debatir sin apriorismos y sin corsés». Asimismo, asistieron el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro; los fiscales de Gipuzkoa y Álava, Jaime Goyena y Josu Izaguirre, respectivamente; la directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco, Celina Pereda; así como varios representantes de los departamentos de Justicia, Sanidad e Interior y de las policías locales de Vitoria y Donostia.
Según explica Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, Euskadi sigue a la cabeza de Europa en lo que respecta al consumo de cannabis. En este sentido, el Ararteko, Iñigo Lamarca, apunta que, tal y como recoge el Informe del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (2010), el cannabis y sus derivados se cultivan en 172 países y territorios. De hecho, es la sustancia, dentro de las consideradas drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos, que más se consume y con la que más se comercia de todo el mundo . «Aproximadamente el 3,7% de la población mundial -unos 146 millones de personas- ha consumido esta sustancia en algún momento de su vida. Estos datos ponen en evidencia que la actual política fuertemente restrictiva en torno al comercio y al consumo de cannabis está muy lejos de conseguir una disminución significativa de la oferta y la demanda», señala.
Por otro lado, Lamarca subrayó que la posibilidad de sancionar penal y/o administrativamente «una parte significativa» de los actos relacionados con el cultivo, la venta o el consumo «ha sido utilizado como un modo de control social generalmente empleado sobre personas jóvenes o con menos recursos». «El cannabis, como cualquier otra droga -continúa- no es una sustancia inocua, como tampoco lo son otras drogas que actualmente gozan de una situación legislativa diferente aunque, desde el punto de vista científico, pueden tener efectos más nocivos».
Sin embargo, el Ararteko no se olvida de aquellas personas que individual o colectivamente «reivindican poder acceder a este tipo de sustancias y a su consumo sin tener que recurrir al denominadomercado negro donde, además de no tener una garantía de la calidad del producto, se desembolsan cantidades económicas libres de cualquier tipo de control fiscal y, por tanto, con potencialidad para ser utilizadas en comportamientos ilícitos».
Ante esta situación, Lamarca asegura que es «preciso» encontrar un «equilibrio entre los diferentes derechos e intereses en liza, no olvidando, por nuestra parte, que es la protección de los derechos de los más vulnerables el elemento tractor de nuestra intervención».
En este sentido y a modo de «primera conclusión de la jornada», el Ararteko asegura que «la ley está por detrás de la realidad social». «Si bien todo lo relacionado con el consumo de cannabis es muy complejo, queda claro que tiene que haber una regulación; urge una clarificación legal ya que la realidad ha desbordado unas normas desfasadas», agrega.
ASPECTOS
Prohibición y terapia
Juan Gamella, catedrático de Antropología de la Universidad de Granada, defendiende que es «obvio» que «bastantes de los perjuicios que provoca el consumo de las principales drogas ilícitas provienen de las leyes que prohiben su producción, su comercio y su consumo. O sea, es posible que haga más daño la prohibición de las drogas que su farmacología».
Y a este respecto, asegura que en Occidente se aprecia un clima de opinión «que asume el fracaso del modelo prohibitivo y punitivo». No obstante, advierte de que quienes defienden la legalización suelen hacerlo de forma «muy incompleta e imprecisa». «La propuesta legalizadora debe precisar cómo se distribuirán sustancias como la heroína, la cocaína, el LSD o la metanfetamina. ¿Se venderán en supermercados, en estancos, en farmacias con receta? Tanto prohibicionistas como legalizadores tienen una desmedida fe en la capacidad del cambio legal para transformar la realidad social», dice.
Uno de los argumentos más relevantes de quienes defienden su legalización es que el cannabis posee propiedades terapéuticas. Esta idea es bastante vieja dado que «esta sustancia ha sido utilizada con intenciones curativas desde hace miles de años», asevera Luis F. Callado, doctor en Medicina y Cirugía y profesor de Farmacología de la UPV/EHU.
Y es que a pesar de la posibilidad de sufrir efectos adversos como mareos, fatiga, sequedad de boca, debilidad muscular o palpitaciones, Callado sostiene que «los datos científicos avalan que la utilización del cannabis y sus derivados debe ser tratada como una alternativa terapéutica más, al margen de prejuicios relacionados con el consumo lúdico de esta sustancia».
Los estudios confirman esta tesis: muchos enfermos consumen cannabis con un fin analgésico. «Un trabajo realizado entre pacientes que presentaban dolor crónico no canceroso ha demostrado que al menos un 15% de ellos había utilizado alguna vez cannabis para aliviar su dolor, y que incluso un 10% de estos pacientes usaba habitualmente cannabis con fines analgésicos», apostilló el doctor. «Sin embargo, -agrega- el uso continuado de opiáceos supone la aparición de un fenómeno de tolerancia y la necesidad de incrementar su dosis hasta niveles excesivos para mantener el efecto analgésico».
De ahí la importancia de desarrollar nuevas vías de administración para los compuestos cannabinoides que «asegurarían, por una parte, una absorción mayor y más rápida que la que se consigue actualmente por vía oral y evitarían además, los efectos perjudiciales que para el paciente supone el consumo de cannabis fumado. A esto habría que sumar que su aplicación debe responder a los mismos criterios médicos que rigen para la administración de cualquier otro fármaco».
Visto en Noticias de Guipuzkoa.
