La FAC rechaza las detenciones de miembros de Clubes Sociales de Cannabis (CSC) y exige la regulación clara del autocultivo.

La federación rechaza los intentos de mercantilizar los CSC y reclama al resto de asociaciones cannábicas que se impliquen en la defensa de la normalización del uso de la planta.

Rechazo rotundo a las detenciones

Ante la oleada de operaciones policiales contra asociaciones de personas usuarias de cannabis en distintos lugares del estado español, la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) desea manifestar su rechazo a la forma en que se están llevando a cabo muchas de ellas, ya que se están produciendo detenciones que consideramos desproporcionadas e innecesarias. No tiene sentido que se detenga a representantes de entidades legalmente registradas, cuyos fines han sido considerados legales y cuyo domicilio social es del dominio público. Si los tribunales desean esclarecer cualquier cuestión relativa al funcionamiento de estas asociaciones, se podría llamar a prestar declaración a las personas implicadas o solicitar la documentación que se considere necesaria, sin necesidad de poner entre rejas a personas cuyo trabajo es públicamente conocido y basado a priori en resoluciones judiciales favorables. Por ello, la FAC exige que se acabe inmediatamente con esta práctica abusiva.

La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) considera que esta situación absurda, donde unas instituciones legalizan asociaciones que otras instituciones intentan clausurar, tiene su origen en la falta de una regulación legal clara al respecto. Nos parece incomprensible que, habiendo el Tribunal Supremo despenalizado el consumo de drogas ilícitas en fecha tan lejana como 1974 y existiendo una larga serie de autos y sentencias judiciales que afirman que la actividad de los Clubes Sociales de Cannabis no constituye delito mientras se respeten ciertos límites, a estas alturas ni el poder legislativo ni el ejecutivo hayan hecho nada para aclarar la situación, lo cual genera una inseguridad jurídica absolutamente inaceptable en un estado de derecho.

Por una regulación que evite la inseguridad jurídica

En consecuencia, la FAC exige una vez más una regulación clara del autocultivo individual y colectivo, incluyendo las actividades de los CSC, de forma que se sepan con claridad cuáles son los requisitos a cumplir y los límites a respetar, así como el establecimiento de mecanismos de control preventivos que permitan fiscalizar la actividad de los CSC sin necesidad de recurrir a operaciones policiales que pisotean los derechos y libertades de un buen número de personas, a la vez que suponen un coste innecesario para el erario público.

Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas reiteramos la demanda de crear un registro específico de asociaciones para este tipo de entidades, donde se puedan auditar sus cuentas, así como la elaboración de un protocolo de actuación policial que incluya mecanismos de supervisión del cultivo y transporte de cannabis por parte de los CSC. Así se podría resolver cualquier duda sobre la legalidad o no de sus actividades sin necesidad de recurrir a mecanismos de control traumáticos y desproporcionados, como son las detenciones e incautaciones.

Despenalización sí, liberalización no

Desde la FAC defendemos una nueva regulación legal para el cannabis que incluya la despenalización total del tráfico. Consideramos que proporcionar cannabis a una persona adulta que lo demanda libremente no debe ser considerado delito, sean cuales sean las circunstancias en las que se produce dicho suministro. Nadie debería ser detenido ni mucho menos encarcelado por cultivar o distribuir cannabis, aún cuando sea con fines de lucro.

Ahora bien, la FAC tampoco apuesta por un modelo liberalizador donde la producción y distribución de cannabis se dejen al albur de los mercados capitalistas de corte neoliberal que dominan el comercio mundial, como sucede con alcohol y tabaco. Entendemos que un modelo de ese tipo, donde sabemos de antemano que el control quedaría en manos de grandes empresas mercantiles, es contrario a la defensa de los derechos y de los intereses de las personas usuarias de cannabis. Es por ello que reclamamos mecanismos legales que impidan la mercantilización del cannabis y eviten que la planta quede bajo el control de personas y entidades cuyo objetivo principal es el enriquecimiento a toda costa. Entendemos que la trasgresión de dichos límites legales debería sancionarse, pero siempre en el ámbito administrativo, sin intervención del derecho penal.

Contra la utilización interesada del modelo de club social

La FAC considera que junto con una mayoría de CSC que respetan los límites de la legalidad vigente, existen otros que, tras la fachada de una asociación, llevan a cabo actividades que van más allá de lo legal, entrando en ocasiones en conflicto con el modelo asociativo que propugnamos. En este sentido, rechazamos los intentos de diversas entidades mercantiles relacionadas con el cannabis, en especial bancos de semillas, de extender sus actividades comerciales a un ámbito que les es ajeno mediante la creación de asociaciones “afines” cuya autonomía de funcionamiento queda limitada por la dependencia económica respecto a personas y entidades cuyo “apadrinamiento” suena más bien a control.

La FAC no se opone al mecenazgo ni a la colaboración entre CSCs y empresas, pero no va a permitir que el modelo de Clubes Sociales de Cannabis, que va saliendo adelante paso a paso gracias al esfuerzo de cientos de personas usuarias durante largos años, quede pervertido por los intentos manipuladores de quienes se han mantenido al margen del activismo en los años más duros para desembarcar ahora en un intento de aprovecharse del trabajo de normalización de cientos y cientos de activistas y de organizaciones de usuarios. Ello sin contar el riesgo que supone para todo el movimiento por la normalización del cannabis la existencia de iniciativas que podrían estar vulnerando la legalidad (cuestión que deben dilucidar los tribunales) y empiezan a crear cierta alarma social. No permitiremos que unos cuantos individuos con afán de lucrarse y beneficiarse personalmente nos arrastren en su caída.

La normalización no puede ser tarea solo de la FAC

Por otra parte, la FAC quiere manifestar su malestar por el hecho de estar recibiendo numerosas críticas por nuestra defensa del modelo de Clubes Sociales de Cannabis desde ámbitos donde no se mueve un dedo para defender la normalización. En la FAC solo estamos una pequeña parte de las asociaciones cannábicas que existen en el estado español, a pesar de lo cual llevamos la mayor parte de la carga que supone luchar por un nuevo marco legal y acabar con el prohibicionismo.

Asociaciones con cientos de socios y con instalaciones con las que muchos grupos de la FAC no podemos ni soñar, nos exigen apoyo cuando sufren intervenciones policiales después de no haber hecho el más mínimo esfuerzo por defender al conjunto de personas que usamos y cultivamos cannabis. Se limitan a distribuir marihuana, a veces procedente del mercado negro, mientras nos dejan a la FAC la costosa tarea de defender los intereses comunes. La FAC es la única entidad que actualmente lleva a cabo actividades de lobby político para acabar con las multas por consumo y tenencia, para regular el autocultivo y para consolidar la realidad emergente de los clubes. La última ocasión fue la semana pasada, cuando nos reunimos con la delegada del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí, a la que reiteramos las tres reivindicaciones antes citadas. Mientras tanto, los que ahora reclaman solidaridad se dedican a publicitar sus actividades, de forma a veces irresponsable, sin invertir un euro de su presupuesto ni un minuto de su tiempo al activismo del que, cuando surgen los problemas, aseguran formar parte.

El prohibicionismo está muerto, aunque nadie tenga valor para enterrarlo

En estos días en que la Comisión de Estupefacientes de la ONU se halla reunida en Viena para reafirmar sus caducos e inoperantes principios prohibicionistas, desde la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) exigimos una regulación clara del cultivo y distribución de cannabis, basada en el respeto a los derechos de las personas usuarias, en la gestión democrática y transparente, y ajena a la manipulación de los sectores comerciales, así como el abandono de mecanismos de control represivos, con el fin de las detenciones y las incautaciones contra quienes consumimos, cultivamos o distribuimos una planta de uso milenario, bajo nivel de riesgo y creciente aceptación social.

Madrid, 24 de marzo de 2011

Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC)
fac@fac.cc
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