El Gobierno uruguayo da un primer paso para asumir el control sobre la marihuana

Visto en El País.

El Gobierno de Uruguay anunció ayer que está redactando una ley mediante la cual el Estado asumirá “el control estricto” de la producción y distribución de la marihuana en el país. La medida forma parte de otras 15 que el Ejecutivo aún está ultimando para combatir la inseguridad ciudadana. Aunque la principal preocupación del Gobierno es el tráfico y consumo de lo que se conoce como pasta base, con la legalización de la marihuana pretende restar un amplio margen de beneficio a los narcos.

El ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, encargado de anunciar ayer el plan, indicó que el Gobierno pretende fomentar un debate sobre el asunto en el país antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento para su aprobación. «La prohibición de ciertas drogas, le está generando al país más problemas que la droga misma”, señaló.

Antes de dar ese paso, el Gobierno estudiará bien cuáles son las implicaciones internacionales que pueda generar la medida, de forma que Uruguay no sea acusado entre los países vecinos como “un centro de distribución de droga». Huidobro señaló que casi el 10% de los 3,3 millones de uruguayos ha consumido en algún momento marihuana.

El ministro ha anunciado que «la lucha por la legalización va a ser política exterior del Uruguay«, después de, ha dicho, la «errónea decisión» del presidente de Estados Unidos Richard Nixon hace 40 años al declarar «una guerra que ha sido ganada por los narcos». De aprobarse la propuesta, Uruguay se convertiría en el primer país de América Latina en revertir el modelo prohibicionista frente a las drogas.

La medida ha sido cuestionada por la oposición, que considera que solo agravaría el consumo de estupefacientes o que es una forma errónea de atacar el problema de la inseguridad. El opositor Partido Colorado, con el apoyo de algunos miembros del también opositor Partido Nacional, ha presentado este año unas 367.000 firmas al Parlamento para convocar a un referéndum con el que pretende bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años como medida contra la delincuencia juvenil.

Según un estudio realizado por las Naciones Unidas en 2010, casi uno de cada cuatro delitos cometidos por adolescentes recluidos en centros se menores en Uruguay estuvieron vinculados al consumo de alcohol o droga, o se cometieron para comprarlos.