Sanciones por tenencia o consumo de drogas ilegalizadas en lugares públicos

Federación Enlace

La Política de drogas criminalizadora

Desde la Federación ENLACE abogamos por la derogación de esta norma sancionadora, de manera que no se persiga a las personas por el simple hecho de ser consumidoras de drogas ilegalizadas, pues el hecho de portar sustancias para el autoconsumo o consumirlas, sin molestar al resto de los ciudadanos/as, no merece el menor reproche.

CONSIDERACIONES GENERALES

El concepto de droga desde un punto de vista jurídico, no es tema pacífico. Y ello se deriva de los intereses económicos y sociales que a lo largo de nuestra historia moderna han provocado una interpretación sesgada, la cual promueve determinadas sustancias legales, mientras otras, al ilegalizarse, han pasado a formar parte de la clandestinidad y la economía sumergida.

La «Guerra contra las drogas» tiene su origen cuando a principios del S. XX EEUU comienza su particular cruzada contra el cannabis. A partir de ahí, las Convenciones y Tratados Internacionales han ido dibujando un panorama de persecución y criminalización que aún no ha cejado en nuestros días.

Para llevar a cabo estas políticas, se requiere la creación de todo un aparato represor dedicado fundamentalmente a la persecución de la producción, el comercio y el consumo de las algunas drogas. España no es ninguna excepción y, siguiendo las políticas marcadas internacionalmente, está destinando gran parte de sus fondos públicos a perseguir y criminalizar, en detrimento del desarrollo de políticas eficaces de prevención, tratamiento y reducción del daño. Sin embargo, toda esta inversión dirigida a acabar con la sustancia, no está consiguiendo cumplir los objetivos manifiestos de proteger la salud de la ciudadanía, mediante la reducción de la oferta y la demanda de ciertas drogas; muy al contrario, las incautaciones sólo alcanzan pequeños porcentajes de las drogas que realmente circulan en el mercado negro.

Por un lado, el artículo 25 de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana sanciona por la vía administrativa el consumo o tenencia en lugares públicos de drogas ilegalizadas y, por otro, los artículos 368 y siguientes del Código Penal, tipifican como delito el cultivo, elaboración, tráfico o cualquier conducta dirigida al mismo de dichas sustancias. Esto ha traído como consecuencia directa que llevemos más de 20 años con las cárceles llenas de personas dependientes a drogas ilegalizadas o personas que están por delitos relacionados con dichas sustancias. Y sin embargo, los datos oficiales sobre consumo y tráfico de drogas no arrojan resultados que animen a seguir al Estado en esta dirección. Se puede decir sin miedo a equivocarse, que la actual política sobre drogas ha fracasado y no ha hecho más que agudizar los problemas existentes con la estigmatización y marginalidad que generan.

Hay que ser coherentes y plantear alternativas. Para que el actual consumo de drogas no siga causando tanto estrago en las personas, sus familias y barrios, es necesario controlar el consumo desde una perspectiva plural. La puesta en marcha de Centros de Encuentro y Acogida, que incluyan salas de consumo higiénico, la dispensación controlada y el control de la calidad de la sustancia misma ó la educación en el conocimiento y prevención, son algunos de medios necesarios para combatir esta situación.

A.- PLANTEAMIENTO DE UN CASO:

Cierto día el Sr. X es multado en la vía pública por consumo y tenencia de cocaína (120 mgs). Estos hechos constituyen, según el artículo 25.1 de la Ley 1/1992, una infracción grave y puede ser sancionado con multa de 300’52 euros a 30.050’61 euros, y si fuera pertinente además retirada del permiso de conducir y licencia de armas.

El Sr. X se siente intranquilo. No sabe qué le puede ocurrir. Realmente se está planteando dejar el consumo porque ya le ha ocasionado otros problemas. El Sr. X ha venido al Centro y nos pregunta: ¿qué puedo hacer?.

En primer lugar, hay que saber que es el Subdelegado del Gobierno quien se encarga de resolver y decidir sobre el asunto. El Subdelegado del Gobierno es un cargo político, no judicial, y hay uno en cada provincia española. También, como el resto de los poderes, está sometido a la Ley, y en este caso ha de hacer frente al artículo 25 de la Ley 1/1992, que es el que establece la sanción.

«1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine».

B.- ANALISIS NORMATIVO

1.- EL HECHO:
El Ordenamiento Jurídico español, por medio del citado artículo 25 de la Ley 1/1992 sanciona el consumo y tenencia de drogas ilegalizadas así como de los instrumentos relacionados. Ello quiere decir que día a día, numerosas personas son detenidas y sancionadas en el Estado español por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando consumen drogas ilegalizadas en lugares públicos (la vía pública, un local abierto al público, etc), cuando las llevan encima (en bolsillos, bolsos, etc) o, incluso, cuando portan algún instrumento que sirva para la manipulación de dichas sustancias.

El cuanto a las drogas consideradas «ilegales», hemos de acudir a la normativa internacional asumida por el Estado español: en materia de drogas, la normativa es numerosa, pero las listas se encuentran fundamentalmente en la Convención Única de Estupefacientes de la ONU (1961) o la Convención de de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la ONU (1988).

La primera cuestión a tratar respecto al hecho a sancionar es que para imponer una sanción por este motivo, tienen que existir «consumo» o «tenencia ilícita» de drogas por parte de la persona a sancionar. En relación a qué deba considerarse consumo, en principio, no existe confusión con otras conductas similares. Sin embargo, la tenencia ilícita es muy comúnmente confundida con el propio tráfico de drogas, conducta ésta duramente penada en nuestro Código Penal.

Dicha distinción tiene una gran trascendencia, pues en el primer caso, en el de infracción administrativa, la consecuencia es una sanción económica y la posibilidad de retirada del permiso de conducción o el permiso de armas; mientras que en el segundo caso, en el de delito, la consecuencia puede consistir en muchos años de prisión, además de multas económicas que, dependiendo de la sustancia, pueden ir de 1 a 6 años de prisión en los casos menos graves.

Dada la dificultad que existe en la práctica para diferenciar los supuestos de simple consumo o tenencia con aquellos en los que se produce tráfico a pequeña escala, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando cuándo se está en un caso o en otro, llegando a establecer presunciones de tráfico (aunque en realidad no exista) cuando las cantidades sobrepasan un determinado peso, cuando además se portan instrumentos para el corte o manipulación de la droga, cuando se lleva encima un gran número de monedas y dinero en metálico, cuando la droga está distribuida en dosis individuales, etc.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, a partir de determinadas cantidades, puede presumirse que no existe autoconsumo, sino que la tenencia está destinada al tráfico. En relación a la heroína, las cantidades orientadas al tráfico se fijan en torno a los 16 gramos, lo que equivale a 0,25 gramos por dosis, por cuatro dosis diarias durante 4 o 5 días (ejem. STS 28 de enero de 1993). Por encima de tal cantidad, se considera que existe tenencia preordenada al tráfico. Por lo que afecta a la cocaína, las cantidades propias del autoconsumo se estiman en torno a los 16 gramos (ejem. STS 19 de abril de 1993 y STS 27 de diciembre de 1999). Por último, en relación al hachís, las cantidades han ido variando desde los 40,400 gramos hasta los 400, aunque lo más usual está en torno a los 100 gramos (ejem. STS 4 de febrero de 1991, STS 21 de noviembre de 1996).

También es cierto que la jurisprudencia, ha fijado determinadas cantidades a partir de las cuales la sustancia tiene efectos psicoactivos y, por ende, tratándose de cantidades inferiores, su tenencia ilícita no estaría penalizada por entenderse que no se pone en peligro la salud pública.

En resumen, España, por un lado, penaliza el tráfico de drogas ilegalizadas, con una fuerte punición como consecuencia de la comisión de dichos hechos delictivos y, por otro lado, sanciona administrativamente el consumo o tenencia de dichas sustancias en lugares públicos.

Esta forma de legislar y de actuar del Estado, sume al consumidor de drogas en una situación de inseguridad jurídica y de ilegalidad, desde nuestro punto de vista, vejatoria e incompatible, al menos, con los principios de proporcionalidad, de intervención mínima, con el derecho a la libertad y a la dignidad y con el principio de igualdad.

A pesar de poner en peligro todos esos principios jurídicos y derechos individuales propios del Estado de Derecho, no pensemos que esta regulación beneficia a las personas drogodependientes o a quienes entran en contacto con las drogas ilegales por primera vez, pues, sabemos que la clandestinidad de la sustancia lleva al/la consumidor/a a acercarse al mundo delincuencial y a exponerse a las redes mafiosas sin escrúpulos, además de no contar con las medidas sanitarias mínimas con las que cuentan otras sustancias legales, lo que acarrea otros tantos problemas sanitarios como todos/as conocemos.

2.- LA SANCIÓN

El mencionado artículo 25 de la Ley 1/1992 califica la infracción como grave, correspondiéndole al artículo 28 determinar la sanción para dicha conducta, que será una multa de entre 300,52 y 30.050,61 euros.

Más adelante, en dicho artículo, se añade que «podrán ser sancionadas, además, con la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas, procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas».

Por otro lado, en caso de ser extranjero sin papeles, la multa podrá ser sustituida por la expulsión del territorio español (artículo 28.3).

Como podemos comprobar, en relación a la multa que se puede imponer (de 300,52 a 30.050,61 euros), el abanico de cantidades es muy amplio. Según el criterio discrecional del Subdelegado del Gobierno en función de las características de la infracción misma, la multa será mayor o menor. Sin embargo es difícil entender por qué existe tal «anchura» de posibilidades sancionadoras cuando el hecho en sí es tan estrecho, pues si el sujeto sobrepasa la cantidad entendida como para autoconsumo, no le correspondería una multa más alta, sino que se le podría sancionar por la vía penal. En la práctica, salvo casos muy excepcionales, las multas se imponen entre la cantidad mínima y unos 2.000 euros, en concreto al Sr. X le han impuesto una multa de 1.000 euros.

Por lo que se refiere a la posibilidad de expulsión de extranjeros, resulta ser una medida absolutamente desproporcionada, que puede acarrear consecuencias muy graves en el sujeto a nivel personal y/o familiar.

Por otro lado, existe la posibilidad de retirar hasta 3 meses el permiso de circulación de vehículos o el permiso de armas. Intuimos que la intención del Legislador con esta sanción es prevenir que personas consumidoras de drogas ilegalizadas puedan poner en riesgo a otras en el ejercicio de estas actividades (conducir y tirotear). Sin embargo, la prevención general no debe ser razón para sancionar conductas hipotéticas, que el sujeto aún no ha realizado y, ¿por qué no?, jamás va a realizar. Se está sancionando, no por el hecho objetivo realizado, sino por el tipo de persona que se es (consumidor de drogas ilegalizadas), lo que nos recuerda al Derecho penal de autor, rechazado por la doctrina desde hace décadas, y nos sugiere una reminiscencia de aquellas famosas normas que creíamos enterradas en lo más hondo: la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970.

3.- LA POSIBIIDAD DE SUSPENSIÓN DE LA SANCIÓN

El Sr. X nos comentó que estaba considerando seriamente el abandonar su consumo habitual de cocaína.

Como vimos, el aparado 2) del artículo 25 citado, posibilita «suspender la sanción si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine».

Ese Reglamento, al que alude el último inciso, es el Real Decreto 1079/1993, de 2 de julio de 1993 que regula la remisión de las sanciones administrativas en materia de drogas. El procedimiento a seguir viene delimitado en el mismo, el cual establece como necesario para obtener la suspensión:

a) El sujeto debe ser un consumidor frecuente o habitual de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Esta circunstancia se puede acreditar por la pertenencia a una asociación de consumidores o usuarios/as de drogas o con un informe de cualquier asociación, centro, recurso público o privado, profesional de la medicina o la psicología, etc. que pueda dar fe de dicha circunstancia.

b) Estar sometido o tener el propósito de someterse a tratamiento, El infractor, mediante la correspondiente solicitud, «formulará declaración libre y voluntaria, a iniciativa propia o previo ofrecimiento de la autoridad competente, manifestando que se encuentra sometido o tiene el propósito de someterse a un tratamiento de deshabituación». Por tanto, el sancionado puede obtener la suspensión siempre que se encuentre sometido a tratamiento o tenga el firme propósito de hacerlo. Este extremo es importante, porque, a pesar de la claridad de la norma, existen variedad de criterios de las Subdelegaciones del gobierno, llegando en algunas provincias andaluzas, como Huelva, a negar la suspensión de la sanción al infractor que ya se encontraba en tratamiento, pues entiende dicha Subdelegación del Gobierno que sólo se hace merecedora de tal beneficio la persona que se someta a tratamiento con posterioridad. Tampoco suspende la sanción de quién siendo consumidor habitual, tuvo una sanción anterior que fue objeto de suspensión. Esta forma de proceder no podemos entenderla por cuanto el sentir de la norma, como otras similares existentes en el Código Penal para personas drogodependientes, es motivar al sujeto para que se ponga en tratamiento de deshabituación o que continúe en el mismo si es que ya lo ha comenzado. La actuación de esta Subdelegación del Gobierno está ocasionando que los consumidores habituales de drogas, abandonen los tratamientos, para posteriormente volver a iniciarlos, lo que está fuera de toda lógica y de toda utilidad social.

c) El Centro debe estar debidamente acreditado, autorizado y controlado por la autoridad sanitaria competente. En Andalucía, así como en todo el territorio español, existe una amplia red de centros de tratamiento de drogodependencias acreditados, autorizados y/o controlados por las autoridades competentes en la materia, que pertenecen al ámbito de competencias de las Comunidades autónomas. Dichos centros son muy variados, desde Centros de Tratamiento Ambulatorio hasta Comunidades Terapeúticas, pasando por asociaciones con programas específicos. Lugares preparados con personal especializado para tratar y resolver este tipo de problemáticas. Ha de tenerse en cuenta que la persona interesada habrá de contactar con el Centro en cuestión para que éste envíe al órgano encargado de resolver, junto con la solicitud del interesado «informe del centro o servicio, con indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y determinación de las características, y duración previsible del tratamiento».

d) La reincidencia en el hecho es indiferente. Por otro lado, aunque ni la Ley ni el reglamento establecen más requisitos para suspender la sanción que los que hemos detallado, en algunos casos se deniega la suspensión por este motivo; de nuevo y, muy a nuestro pesar, tenemos que mencionar a la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Entendemos que ello es claramente contrario al principio de legalidad y que la reincidencia, sólo ha de tenerse en cuenta, en su caso, para establecer la sanción correspondiente, según el artículo 28.1.
Sin embargo, en la Subdelegación del Gobierno citada, no se concede la suspensión cuando el sancionado no es primario.

e) En relación al tratamiento. Dice el artículo 3.3 del Reglamento que la resolución favorable a la suspensión hará mención de «la fecha de comienzo del mismo y el tiempo mínimo de suspensión siempre que el interesado se encuentre sometido a dicho tratamiento». Hay que tener en cuenta que el Subdelegado del Gobierno a la hora de decidir, siempre de forma motivada, sobre la suspensión, deberá tener en cuenta el informe del Centro encargado del tratamiento en cuestión, informe que es preceptivo, en el que se harán constar la «determinación de las características, y duración previsible del tratamiento». Es decir, que el Subdelegado del Gobierno ha de ceñirse a dicho informe a la hora de resolver, si bien, de manera potestativa, podrá atender a otros informes médicos, psicológicos o de otra naturaleza. Ello es plenamente acorde con la finalidad de la norma, pues ni el Subdelegado del Gobierno ni las personas de su oficina son especialistas en tratamiento de drogodependencias y, por tanto, han de auxiliarse a la hora de decidir, de los/as profesionales adecuados al caso.

En definitiva, en relación al tratamiento, concluimos lo siguiente:

1.- El tratamiento puede consistir en «visitas concertadas y periódicas al centro o servicio determinado», por tanto, no tiene por qué tratarse de un tratamiento en régimen de internamiento, sino que, por el contrario, puede consistir en tratamiento en régimen ambulatorio. En la práctica este extremos no está ofreciendo problemas en su aplicación.

2.- La duración del tratamiento, debe establecerse según las indicaciones de los/as profesionales/as especialistas en la materia y no, de manera unilateral, por la administración competente, desoyendo a los/as expertos/as. A este respecto, estamos detectando, asimismo, aplicaciones incorrectas de la Ley y su reglamento en el sentido de que la Subdelegación del Gobierno es la que establece el tratamiento y/o su duración (caso de Sevilla).
Durante su desarrollo, el centro o servicio concreto habrá de informar periódicamente de su evolución, pudiendo establecerse por la Subdelegación del Gobierno una prórroga si al finalizar el plazo de suspensión, la evolución ha sido positiva pero el tiempo ha resultado insuficiente.

4.- REMISIÓN O REVOCACIÓN DE LA SANCIÓN

La sanción ha de ser remitida una vez que el plazo de suspensión ha transcurrido y el sujeto ha cumplido su compromiso de modo satisfactorio.

Sin embargo, la suspensión puede ser revocada y ordenarse el cumplimiento de la sanción por los siguientes motivos:

– Incumplimiento total o parcial

– Abandono unilateral del tratamiento

– La comisión de una nueva infracción por el mismo motivo

– La comisión de un delito contra la salud pública relacionado con las drogas ilegalizadas

En relación a estos motivos de revocación de la suspensión es importante no confundir un consumo puntual, que forma parte del proceso de deshabituación de la persona, del abandono. En cualquier caso, es fundamental atender a los informes de los/as expertos/as. En cuanto a la comisión de nuevas infracciones o delitos, en ambos casos es exigible que los respectivos procedimientos hayan finalizado y sus resoluciones sean firmes.

5.- CONCLUSIÓN

La situación real en la aplicación de la suspensión de la sanción por infracción del artículo 25.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana, no es del todo homogénea. Hemos visto cómo existen algunas provincias que realizan interpretaciones muy particulares del asunto.

Por otro lado, tampoco existe homogeneidad en la aplicación del propio artículo 25.1 pues existen provincias donde apenas se imponen este tipo de sanciones frente a otras en las que, pese a contar con una población menor, su índice de infracciones por este artículo es particularmente elevado.

Como apuntábamos anteriormente, entendemos que el consumo o tenencia para el consumo de drogas no debe perseguirse ni penal ni administrativamente, pero en caso de perseguirse, nos parece acertado ofrecer la posibilidad de librarse de la sanción a aquellos/as consumidores/as que se comprometan a abandonar el consumo.

La finalidad de la suspensión es claramente resocializadora, buscando mediante la flexibilización de la aplicación de la Ley para favorecer a quien consume determinadas sustancias nocivas para su propia salud.

No obstante abogamos por la derogación de esta norma sancionadora de manera que no se persiga más a las personas por el simple hecho de ser consumidoras de drogas ilegalizadas, pues el hecho de portar sustancias para el autoconsumo o consumirlas sin molestar al resto de los ciudadanos/as no merece el menor reproche.

Visto en Federación Enlace.

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