Visto en Cannabis.es.
Benito Díaz
La asociación cannábica Valladolid 420 fue intervenida el pasado 20 de febrero. En el asalto fueron detenidos tres socios de la misma bajo la acusación de Delito contra la Salud Pública. La investigación ha revelado que la organización estaba inscrita en el Registro de Asociaciones de forma correcta, por lo que se habrían aceptado sus estatutos sin observar indicios de delito, como certifica un documento firmado por el Ministerio del Interior.
La información que Cannabis.es ha confirmado, indica que Valladolid 420 solicitó su ingreso en el registro en el año 2015. El recurso quedó en suspenso y se trasladó a la Fiscalía provincial, ante la duda sobre lo lícito de lo planteado, pues en los estatutos de la asociación se aclaraba que llevarían a cabo un autocultivo comunitario, a repartir entre los socios para su consumo propio, todos de más de 25 años. La respuesta del Registro nacional de Asociaciones fue afirmativa, por tanto, no se dieron sospechas de hechos delictivos.
Tras el suspenso de la sesión del pasado día 25 de enero, sabemos que, aunque la legalidad de la asociación ha sido refrendada por el Ministerio, los cargos contra tres de sus socios se mantienen. Iván, Enrique y Manuel Luis, son requeridos por la Fiscalía para hacer frente a la pena de 18 meses de cárcel y 6000 euros de multa a cada uno, por delitos contra la Salud Pública y Tráfico de Sustancias. Charlamos con Fran, presidente de Valladolid 420.
Una historia en primera persona
Fran es un hombre de 36 años. Se dedica a la logística y decidió abrir una asociación cannábica para dar respuesta a las necesidades de su capital, donde no había ninguna organización de este tipo, según nos cuenta. “Todo el mundo me decía que no la montase, que iba a tener problemas. Y es verdad, el tema en Valladolid está muy difícil. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo va hacer?”, nos dice. Piensa que hay mucho sentimiento prohibicionista en su ciudad.
El local se encontraba próximo al centro y tan solo llevaba seis meses abierto. El presidente de Valladolid 420, nos remite a la secuencia de los hechos que aparece relatada en un artículo del diario El Norte de Castilla. Según esto, el asalto se cometió el día 20 de febrero de 2019. Varios agentes acudieron a la puerta del local, alertados al parecer por un vecino que se quejó del olor a marihuana.
La policía accedió al recinto, encontrando a un hombre en la puerta y otros dos en el interior, según el relato, jugando con una videoconsola. En el registro, hallaron dos botes de cristal con 109 y 86 gramos de Cannabis, 114 plantas de Cannabis, una prensa, dos medidores de acidez y un total de 303 euros en billetes y monedas.
Los socios, pues ninguno pertenecía a la Junta Directiva, alegaron que se trataba de una asociación para el cultivo y autoconsumo, igual que otras miles que existen en nuestro país. Sin embargo, al no poder acreditarlo, los tres fueron detenidos y trasladados a comisaría, según el informe policial.
Él no estaba en el local esa tarde, tuvo que ocuparse de otros asuntos. “Se llevaron a tres socios, ¿pero si llegamos a estar 20 nos llevan a todos?”, pregunta Fran. “Eran tres socios que estaban allí, no había ningún responsable. Acabábamos de abrir, todavía no teníamos las medidas de seguridad que pusimos luego, cámaras de video, lector de huellas digitales, etc. No quisieron ver los papeles, no quisieron ver nada. Dijeron que allí había una plantación, esto es vuestro, plantación ilegal y tráfico. Es increíble. La policía tendría que haber podido demostrar algo de esto”.
Registro sin orden judicial y detenciones arbitrarias
La suspensión del caso el 25 de enero, se debió a que la defensa adujo la nulidad de la irrupción de la policía en el local, hecha sin los permisos necesarios ante un juez en una propiedad privada, anulando la legalidad del registro y alegando ruptura en la cadena de custodia de las pruebas. Esta es la garantía que, desde su incautación hasta su análisis en laboratorio y posterior resultado, está todo debidamente registrado, asegurando que la prueba presentada es efectivamente la que pertenece al juicio. También fue entonces cuando requirieron el informe que ha probado la legalidad de la asociación, a petición del juez.
“El ministerio sabe que estamos constituidos de forma legal y que lo que decimos es verdad. Que tenemos un cultivo compartido, destinado a repartirlo entre nuestros socios, que son todos mayores de 25 años, avalado por un fiscal al cual otro fiscal le tiene que decir que no y demostrarle los cargos de los que se acusan a nuestros socios”, aclara Fran. También nos indica que no tiene conocimiento de que haya otro caso como el suyo en nuestro país, pues siempre media una investigación para llevar a cabo una serie de detenciones.
La defensa pide la nulidad de las actuaciones policiales por vulneración de derechos fundamentales, solicitando a su vez la absolución para los acusados en base a que los hechos se circunscriben en la doctrina del consumo compartido. A su vez, de forma alternativa, piden una pena de seis meses por delito contra la salud pública “en sustancias que no causan grave daño, con la atenuante de adicción”.
Autocultivo y modelos asociativos
La propuesta de autocultivo de Valladolid 420 no es una novedad en el sistema de asociaciones. Ya en sus comienzos, ARSECA, asociación pionera catalana en los noventa, tuvo problemas al sugerir algo muy parecido. También debe mencionarse la actual lucha llevada a cabo por la asociación AIRAM en Barcelona que ha dado como resultado el encarcelamiento de su tesorero y de su presidente, Albert Tió.
El modelo asociativo del que habla Fran, es uno que contemple el autocultivo como única vía para el abastecimiento de los socios. “No me gusta la compra mancomunada. De esa forma se ayuda al mercado negro. Por mucho que quieran maquillarlo o excusarse, es ayudar al narcotráfico. Nuestro cultivo está en los estatutos, y no tenemos un permiso como tiene Juan Abelló, pero nos dieron permiso para seguir adelante”, comenta. “Creemos en nuestro tipo de asociación. Me he informado de cómo hacen las cosas en otros sitios, para poder hacer lo nuestro mejor. Y te metes en Instagram o en Youtube, y tienes a gente haciendo publicidad de las asociaciones, no puedo entenderlo. Que si tenemos tal variedad o hacemos tal extracción. Nos gusta ser discretos; además, te pondré un ejemplo. Nosotros teníamos un límite de socios. Éramos 31 y no queríamos más. Ya nos costaba trabajo abastecer a 30 socios más uno terapéutico, no quiero imaginarme lo que es abastecer a 100 o 1000 personas. ¿De dónde sacáis la marihuana, qué precio le ponéis? Desde mi punto de vista, eso es narcotráfico, no estás ayudando nada al tejido asociativo, ni es el modelo de asociación que queremos nosotros”.
Fran expone que su intención no era la de tener más socios y requerir un lucro económico. “No queríamos que viniera más gente, queríamos que hubiera más asociaciones, que esto se normalice un poco. He oído que alguna vez han pillado a gente con Marihuana que han sacado de la asociación. En nuestro caso, estaba prohibido sacar el Cannabis de nuestro local de forma tajante, bajo pena de expulsión. Porque sabemos que es ilegal. Tenemos un modelo de asociación basado en consumir allí, ayudarnos entre todos, estudiar la planta, hablar y echar un buen rato”.
Los socios acusados tienen miedo. Solo eran unas personas que iban a su local para divertirse, sin ningún tipo de responsabilidad, nos cuentan. El cinco de octubre se dictará sentencia. “Estaría orgulloso de que nos dieran la razón, porque lo estábamos haciendo todo bien. Nunca ha existido un afán de lucro, todo se hacía para ayudar a la gente que no sabía cómo llevar a cabo un cultivo, que disfrutaban con la planta. No se trataba de llegar, conseguir el cannabis y marcharse. Allí nos conocíamos todos, conversábamos, nos lo pasábamos bien. Se hacían talleres de esquejes, de extracciones… pues lo que es una asociación de gente a la que le gustan estas cosas”.
