Tras la sentencia nº 788/2015 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por la que se condena a cuatro miembros de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh a penas de prisión y cuantiosas multas por un supuesto delito contra la salud pública, las personas y entidades firmantes queremos manifestar:
Tal y como quedó acreditado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, y como se recoge en la sentencia absolutoria dictada por la misma, Pannagh es una entidad “legalmente constituida”, cuyos miembros son personas “mayores de edad”, “debidamente identificadas”, y todas ellas “eran consumidoras de cannabis”. En aplicación de sus estatutos y para lograr el “acceso a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso”, “se estableció y se aceptó por los socios la actividad de cultivo para consumo privado”, que incluía “medidas de control para evitar la difusión de la sustancia producida a terceras personas”, difusión que no se ha acreditado que sucediera nunca. Los socios pagaban una “cuota proporcional destinada a cubrir los gastos propios de la asociación y del cultivo”, sin que exista indicio alguno de desvío del dinero a otros fines, de enriquecimiento, ni de que Pannagh pudiera haber servido de “cobertura formal” para la venta de cannabis a terceros. También se ha probado que el cannabis incautado estaba destinado exclusivamente al consumo de los miembros de la propia asociación.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo altera el relato de los hechos probados para concluir la existencia de delito. El principal argumento es que, aunque el cannabis producido por Pannagh nunca fuera entregado a personas no socias, existe un riesgo potencial de difusión de la sustancia a personas ajenas a la asociación por parte de los socios. Es decir, los cuatro miembros de Pannagh son condenados a prisión por actos que, de haber sucedido –lo cual no está acreditado-, habrían sido cometidos por otras personas sin su conocimiento ni autorización, lo cual es claramente injusto. Además, al presidente y a la secretaria se les imponen multas de 250.000 euros, una cantidad desproporcionada teniendo en cuenta que se considera probado que no intentaron enriquecerse.
La Sala 2ª del Tribunal Supremo aprecia la existencia de un “error vencible de prohibición”, es decir, reduce las penas en un grado al considerar que los condenados podían tener motivos para creer que sus acciones no constituían delito, pero a la vez se niega a absolverles afirmando que no hicieron lo suficiente para salir de su error. La sentencia afirma que “tenían la carga de verificar la licitud de la actividad que se proponían desplegar, de tomar conocimiento sobre si la conducta se hallaba en consonancia con el orden jurídico” y que se comportaron con imprudencia al actuar “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada”. La Sala considera que los acusados “no hicieron nada por superar ese error”, “huyeron de mecanismos que habrían logrado disipar dudas”, “se cuidan de ocultar la producción de cannabis y su distribución entre los socios”, y añade que “muchos datos inclinan a pensar en una actitud muy próxima a la relativa indiferencia”.
Sin embargo, lo cierto es que las actividades de la asociación Pannagh han sido objeto de reiteradas resoluciones judiciales que han afirmado su licitud penal, destacando el Auto nº 218/2006 de la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Auto nº 377/2012 de la de Álava, habiendo sido en ambos casos devuelto a Pannagh el cannabis incautado. Esas resoluciones han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación y son, por tanto, del público conocimiento, igual que las propias actividades de Pannagh, que han sido sido claramente toleradas durante años por distintas instituciones públicas. No cabe, por tanto, hablar de “infundada esperanza”, sino más bien de una convicción bien fundamentada, compartida incluso por distintos tribunales de justicia.
También es conocido que entre las actividades llevadas a cabo por Pannagh se encuentran iniciativas de solicitud de amparo promovidas ante diversas instituciones, como el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) o el Parlamento Vasco, a causa de la inseguridad jurídica en la que se encuentran este tipo de entidades. Estas iniciativas, desarrolladas junto con otras asociaciones, dieron lugar a la organización de un Foro por parte del Ararteko en 2011, y a la creación de una ponencia en el Parlamento Vasco en 2012. Difícilmente se puede hablar de “indiferencia”, o de que los acusados y el resto de Pannagh no hicieran nada por salir de su error.
Además, tampoco es creíble que se intentaran ocultar las actividades de cultivo de Pannagh cuando su presidente, Martín Barriuso, ha dado a conocer el modelo de funcionamiento de su asociación y de los llamados Clubes Sociales de Cannabis en muy diversos foros, instituciones y medios de comunicación de diversos países, habiendo sido invitado para ello, entre otras instituciones, por la Comisión Mixta de Drogas de las Cortes españolas, la Presidencia de la República del Uruguay, la Asamblea de la República de Portugal, y la Comisión Europea.
Por todo ello, las personas y entidades firmantes reclamamos públicamente que se remedie lo antes posible la injusticia cometida con esta sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
Martín Barriuso, presidente de la Asociación de cannabis Pannagh, dice que la sentencia en la que los acusan de haber cometido un delito contra la salud pública vulnera los derechos humanos.
Entre la autogestión y la mercantilización Los Clubes Sociales de Cannabis en la encrucijada
Martín Barriuso Alonso Jueves, 9 de agosto, 2012
Desde hace varios años, asistimos a una explosión de nuevas asociaciones de personas usuarias de cannabis en el estado español. No existen datos fiables, pero sabemos que este tipo de entidades, creadas en su gran mayoría con el objetivo de poner en marcha cultivos colectivos de marihuana, suman ya varios cientos. Gran parte de ellas están concentradas en Cataluña, donde además se encuentran las más numerosas, que en algunos casos han llegado a tener varios miles de miembros en poco tiempo.
Es precisamente en esa comunidad donde se da con mayor intensidad un proceso de diferenciación que está llevando a la creación en paralelo de dos tipos de clubes cannábicos. Al menos sobre el papel, ambos modelos adoptan una misma estructura jurídica y dicen defender fines similares. Sin embargo, esta similitud formal no consigue ocultar profundas diferencias en su modus operandi, hasta el punto de que ya se habla de los Clubes Comerciales de Cannabis, en oposición a los Clubes Sociales de Cannabis.
Un debate inesperado
El pueblo de Rasquera en donde el 56,3 por ciento de los participantes en el referendo han votado a favor del plan anticrisis aprobado por el plenario municipal el 29 de febrero y que incluye una plantación de marihuana.
El auge de los clubes cannábicos de todo tipo, con iniciativas muy sonadas como la de momento frustrada plantación de Rasquera (Tarragona), ha obligado a mover ficha al gobierno autonómico catalán, que ha anunciado la creación de una comisión para debatir, como ya se está haciendo en el País Vasco, una posible regulación de este tipo de asociaciones. Ello está generando un importante debate en y entre las asociaciones de personas usuarias de cannabis, que afrontan este proceso con criterios dispares.
Las autoridades catalanas parecen ver con buenos ojos el modelo de Club Social de Cannabis que promueve la Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC), basada en asociaciones de tamaño modesto que autoproducen lo que consumen, pero no hay que olvidar que los clubes más grandes no forman parte de dicha federación. Estos clubes, cuyo funcionamiento se podría definir a grandes rasgos como “coffee-shops con membresía”, están ganando influencia gracias a sus elevados presupuestos y a sus vínculos con parte de la industria cannábica, y las autoridades catalanas podrían acabar inclinándose por un modelo más masivo pero más fácil de vigilar: Es mucho más barato controlar cincuenta asociaciones grandes que quinientas pequeñas.
En este contexto, la FAC ha apostado por seguir defendiendo el modelo de los Clubes Sociales, por entender que es el que mejor permite la defensa de los derechos de las personas usuarias, la gestión democrática y transparente, y la reducción de riesgos. Frente al peligro de mercantilización de los clubes, que podrían acabar siendo pseudoempresas de hostelería con carné, se reivindica un modelo que casi nadie se había planteado hasta hace poco, pero que ha demostrado tener una serie de virtudes que lo han convertido en referente a la hora de hablar de políticas de drogas justas y eficaces.
Se hizo camino al andar
Aunque en muchos foros ya se habla del “modelo español” para referirse a los llamados Clubes Sociales de Cannabis, este modelo no se basa en ninguna regulación concreta, dada la inconcreción de la legislación española sobre drogas ilícitas. En realidad, los clubes se basan en el desarrollo paulatino de unos principios recogidos de forma fragmentaria en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el llamado “consumo compartido”. Dicha doctrina no se refiere al cannabis, sino que se fue desarrollando, sobre todo, en sentencias sobre grupos de personas usuarias de heroína y cocaína que hacían compras conjuntas en el mercado negro para el posterior reparto dentro del grupo.
Ello hace complicado el encaje del cultivo colectivo de cannabis, dado que, a diferencia de lo que ocurre con las sustancias mencionadas, el cannabis no se obtiene exclusivamente del mercado negro, sino que es fácil cultivarlo por sí mismo, obligando para ello a almacenar cantidades que, en general, se consideran susceptibles de ser destinadas al tráfico ilícito. En efecto, se suele considerar que cualquier cantidad que supere el consumo de unos cuantos días está, en principio, destinada al tráfico.
Basándose en los principios del consumo compartido, en su experiencia práctica, en distintas resoluciones judiciales referidas a sus propias actividades, y en consultas con diferentes instituciones, las asociaciones pertenecientes a la FAC han ido desarrollando un modelo de funcionamiento de carácter democrático, sustentado en prácticas de cooperativismo, autosuficiencia regulada, transparencia y fiscalización pública, que conocemos como Club Social de Cannabis.
Sin embargo, esta fórmula no fue premeditada, sino que se generó mediante la búsqueda de vacíos en la legislación vigente. Tanto es así que, en un primer momento, a la iniciativa de la asociación catalana ARSEC de organizar un cultivo colectivo para sus miembros, se le llamó “la brecha catalana”,* aludiendo a la idea de que ARSEC estaba, de alguna manera, abriendo un hueco en el muro prohibicionista. No se trataba tanto de implantar un modelo predefinido como de ver hasta dónde se podía llegar en el marco legal actual, visto lo difícil que resulta modificar los tratados internacionales sobre drogas.
Buscando el encaje legal
Los CSC se han ido formando a base de rellenar los huecos que la legislación dejaba, huecos cuyas dimensiones aún no están muy claras. Sin embargo, la doctrina sobre el consumo compartido establece una serie de condiciones para que no exista delito: Debe tratarse de un circuito cerrado de personas concretas y previamente consumidoras, ninguno de los participantes puede lucrarse, y las cantidades distribuidas deben ser para un consumo más o menos inmediato.
Estas condiciones, desde luego, no despejan todas las dudas. Por ejemplo, ¿cuántas personas pueden formar parte del circuito cerrado, visto que se trata de evitar la difusión indiscriminada de la sustancia? Esta es una de las cuestiones que deben dilucidarse, pero está claro que un círculo cerrado no puede ensancharse indefinidamente. En este sentido, las gigantescas dimensiones de algunos clubes creados en los últimos años generan dudas razonables. ¿Puede haber un circuito realmente cerrado con 10.000 miembros activos?
En todo caso, está claro que la legislación española no permite en estos momentos ningún sistema de distribución de cannabis de naturaleza comercial y abierto al público general. Es decir, la apertura en España de un coffee-shop al estilo holandés sería claramente un delito. Así que, descartada esa opción, el movimiento antiprohibicionista se concentró en desarrollar el sistema de base no comercial que mejor encajara con los intereses y necesidades de las personas usuarias de cannabis. Sin estas limitaciones, la iniciativa normalizadora habría correspondido desde el principio a los sectores empresariales y no a los activistas, de forma que el modelo sería sin duda muy distinto y, en opinión de la FAC, mucho menos satisfactorio desde el punto de vista del consumidor individual.
Sin negocio hay menos riesgos
Martín Barriuso presentó el modelo de las CSC ante la Comisión Europea (En la imagen, Dana Spinant, comisionada de la CE, debatiendo con Barriuso).
Desde que se puso en marcha el primer CSC, allá por 2001, se ha hecho evidente que este modelo permite cubrir perfectamente las necesidades de consumo de los miembros, proveyéndoles de cannabis de calidad controlada, a precios razonables, y al margen del mercado negro generado por la prohibición. Desde luego, hay otros modelos que podrían garantizar eso mismo, pero estos más de diez años de experiencia práctica han puesto de manifiesto que el hecho de tratarse de un modelo no comercial ofrece una serie de ventajas extra, especialmente notorias desde el punto de vista de la gestión de los riesgos asociados con el consumo.
Por una parte, la ausencia de ánimo de lucro reduce el riesgo de promoción con fines comerciales. Además, el hecho de que un CSC sea un círculo cerrado donde se entra por invitación de un miembro, no solo hace que la publicidad del mismo no tenga sentido, sino que además genera entre las personas socias numerosos vínculos que normalmente no se dan entre los clientes de un establecimiento comercial, sobre todo si son esporádicos. Según hemos podido comprobar en diferentes asociaciones, estos vínculos generan entre los miembros un sentimiento de comunidad que favorece las conductas de cuidado mutuo y de formación entre pares, lo que contribuye a la reducción de riesgos.
Además, las reducidas dimensiones del colectivo, el mutuo conocimiento y confianza entre las personas socias, así como la existencia de un registro exhaustivo e individualizado del consumo individual de cada miembro, hacen que resulte más fácil detectar la aparición de consumos problemáticos. Cuando se sospecha que el consumo de un socio o socia está derivando hacia conductas problemáticas, se entabla un diálogo con esa persona para hacerle consciente de los cambios detectados en su comportamiento y pautas de consumo y se activa un protocolo, que en el caso de los clubes del País Vasco incluye la participación de una técnico especialista en drogodependencias contratada a tal efecto y que atiende gratuitamente a la persona afectada, si así lo desea. No conozco ningún coffee-shop, bar, o estanco de tabaco que ofrezca servicios similares.
Por otro lado, la legislación española sobre asociaciones obliga a que el órgano supremo de decisión sea la asamblea general de socios y socias, de la que se entra a formar parte desde el mismo momento del ingreso en la asociación y ante la cual la junta directiva debe presentar el balance económico y de gestión, que debe ser aprobado anualmente en votación. Esto asegura un nivel de transparencia y una capacidad de influencia de las personas usuarias que no serían posibles en una sociedad mercantil, donde quedarían reducidas al mero papel de clientes. Y cuanto mayor sea la escala de las empresas implicadas en la producción y distribución, más difícil será el control sobre la sustancia y sobre los riesgos que provoca, algo que salta a la vista si miramos el ejemplo de la industria del tabaco.
Hacia la autoorganización del consumo
Recientemente, la sección vasca de la FAC, EUSFAC, encargó un dictamen jurídico a dos prestigiosos catedráticos de Derecho Penal, Juan Muñoz (autor del anterior informe de 2001) y José Luis Díez Ripollés, ambos de la Universidad de Málaga. En este informe, que aún no se ha hecho público, se habla de los Clubes Sociales de Cannabis como formas de “autoorganización del consumo” que no entran en el ámbito del delito ni cometen infracción administrativa alguna mientras se atengan a ciertos límites ya explicados anteriormente.
Desde luego, el informe deja claro que en la actual legislación no cabe ninguna figura dedicada a la distribución de cannabis que no pase por la organización democrática y participativa de las propias personas usuarias a las que va destinado el cannabis. Mientras no cambie el Código Penal y la interpretación que se viene haciendo del mismo, en España no hay lugar para iniciativas en clave de negocio, como son algunos de los “clubes” más grandes, por mucho que traten de disimularlo tras la fachada de una asociación.
Díez Ripollés y Muñoz llegan a proponer una fórmula jurídica concreta para los CSC: La creación de sociedades cooperativas de productores y consumidores, prevista en la Ley 27/1999, sobre Cooperativas. Estas cooperativas carecerían de ánimo de lucro y tendrían socios ordinarios, socias de trabajo y socios colaboradores. El aprovisionamiento debería llevarse a cabo en el mercado legal y la entidad debería fomentar, en la medida de lo posible, el uso responsable por parte de sus miembros.
En la FAC nos decantamos claramente por este tipo de fórmulas democráticas y no lucrativas, donde se busca un equilibrio entre los intereses y derechos de personas productoras y usuarias, en vez de otras modalidades donde lo que prima es el interés económico de una minoría dedicada a la distribución de lo que otros producen y en general poco preocupada por las consecuencias de lo que vende. Ya tenemos bastantes productos sometidos a la dictadura de los llamados “mercados” y cada día están más claras las desastrosas consecuencias de organizar la vida de los seres humanos en torno al negocio y el beneficio. Ojalá consigamos que el cannabis se libre de todo eso.
* Borrallo, F. (1997), “La brecha catalana. Modelo propuesto por la Asociación Ramon Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC)”, Cañamo: La revista de la cultura del cannabis, nº. 1, págs. 50-51; http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3259551
Martín Barriuso queda en libertad provisional con fianza de 15.000 euros y denuncia que «los enfermos se van a quedar sin marihuana»
«No nos saltamos la Ley, queremos cambiarla». Después de permanecer detenido durante «80 horas» y tras ser puesto a disposición judicial la noche del jueves, Martín Barriuso se mostraba ayer «furioso» tras quedar en libertad provisional con fianza de 15.000 euros y denunciaba la persecución que sufre por parte de la Policía Municipal de Bilbao. El presidente de la asociación para el estudio del cannabis Pannagh fue arrestado por tráfico de drogas. En la sede se encontraron 79 kilos de marihuana en cogollos y una libreta con 110.000 euros.
«Me han tratado como un criminal y no soy un traficante, formo parte de un movimiento social», protestaba ayer. Barriuso se ha convertido en un activista en defensa de la despenalización del cannabis. Su asociación suma en la actualidad 330 socios, el más joven de 22 años, que pagan una cuota anual para sufragar los gastos de mantener 12 plantaciones de ‘maría’ en distintos puntos de Bizkaia y Álava con un «fondo común». 120 de los integrantes cuentan con certificados médicos que aconsejan el consumo de esta sustancia. «Los enfermos se van a quedar sin su marihuana y 330 personas van a volver a comprar en el mercado negro». La asociación tenía cuatro personas contratadas, entre ellas a Barriuso, que se ha quedado «en paro, sin teléfono, ni coche ni portátil y con 45 euros en la cartilla; los amigos me han tenido que ayudar a pagar la fianza».
«Al filo de la ley»
Barriuso defiende «la doctrina del consumo compartido» y asegura que la asociación forma «un circuito cerrado sin ánimo de lucro» y que sólo reparten marihuana entre sus socios. Respecto a la enorme cantidad de droga decomisada, mantiene que «no es tanta; correspondería a unos 100 gramos para cada uno, que no da para el consumo de un usuario moderado». En esta época del año se realiza la cosecha y se reparte.
Los policías que le arrestaron seguían el artículo 369 del Código Penal, que castiga el tráfico de esta sustancia, considerada ilegal. La clave del proceso pasará por determinar si los socios podían vender después la ‘maría’ a terceros. Barriuso ya quedó absuelto tras descubrirse una plantación en noviembre de 2005 y ser arrestado por la Policía local bilbaína. «¿Cuántas veces le tienen que detener a uno para que quede claro que no está cometiendo un delito?». Se muestra convencido de que «esto va a quedar igual» que entonces. «Estamos al filo de la ley, no fuera».
Un último estudio sobre el cannabis, concluye en la posibilidad de consumirlo sin sufrir los «efectos secundarios» comunes, y en que se podría fumar con total efecto terapeútico. En nuestro país un 50% de los socios de los clubes de fumadores de marihuana lo son parar disfrutar de sus efectos terapeúticos. Hablamos con Martín Barriuso presidente de la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas).
Los Clubes Sociales de Cannabis en España son asociaciones de personas usuarias que se organizan para autoabastecerse sin recurrir al mercado negro. Se basan en el hecho de que el simple consumo de drogas ilícitas no ha sido nunca un delito en la legislación española. Aprovechando ese hueco legal, desde hace años existen clubes privados que producen cannabis para su distribución sin ánimo de lucro en un circuito cerrado de adultos previamente usuarios.
Desde su aparición, alrededor de 2002, los clubes han permitido que varios miles de personas dejen de financiar el mercado negro y conozcan la calidad y origen de lo que consumen, generando puestos de trabajo y recaudación de impuestos, y todo ello sin necesidad de denunciar los tratados de la ONU sobre drogas.
La ciudad holandesa de Utrecht quiere experimentar con un modelo parecido a los clubes sociales de cannabis españoles. Sin embargo, según el Ministro de Seguridad y Justicia, Ivo Opstelten, el plan no cabe dentro la actual política de tolerancia. La televisión holandesa habló con Martín Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) en España.
BRUSELAS – La Unión Europea no bloqueará ninguna inicitiva de los Estados Miembros de la UE para iniciar una regulación legal de cannabis y otras drogas actualmente ilegales. Esto fue repetidamente manifestado por Dana Spinant, la nueva Coordinadora de la Unidad Anti-drogas de la Comisión Europea, en una Audiencia Pública sobre Políticas de drogas en el Parlamento Europeo hoy día.
La audiencia fue organizada por el eurodiputado Michael Tremopoulos (Verdes, Grecia) y ENCOD, una coalición de ciudadanos por la reforma de la política de drogas. Juntó la experiencia de representantes de la sociedad civil – entre ellos el importante activista español para la legalización del cannabis, Martin Barriuso, el portavoz de la Federación de Coffeeshops de Holanda, Marc Josemans, y Richard Cowan, antiguoi director de NORML, la mayor organización de reforma de los EEUU. Los eurodiputados Rui Tavares (GUE, Portugal) y Dennis de Jong (GUE, Holanda) también hablaron en el evento.
La audiencia consideró las implicaciones financieras de la decriminalización de las drogas y la regulación de cannabis para el gasto público. Basado en una extrapolación de datos del OEDT el monto total que podría ser generado por una combinación de medidas podría ser estimado entre 35 y 60 billones de euro/año, o entre 70 y 120 euro/año para cada uno de los 500 millones de personas que residen en la Unión Europea.
En marzo de 2009 la Comisión Europea publicó el «Informe sobre los Mercados de Drogas Ilícitas 1998 – 2007» (editado por Peter Reuter y Franz Trautmann). Las conclusiones de este informe son que las actuales políticas están fracasando en su mayor objetivo, o sea la reducción de la demanda y oferta de drogas ilícitas, y que es posible que son un factor crucial en la generación de daños a los consumidores individuales de drogas, su entorno y la sociedad en general.
«La prohibición es una bendición para el crimen organizado», dijo Dennis de Jong, eurodiputado holandés. «Mi proprio gobierno desafortunadamente está queriendo aplicar mayor represión a los coffeeshops. En lugar de la política más razonable hacia la regulación, las autoridades ahora quieren excluir a los turistas extranjeros a través de la introducción de pases de membrecía, la que solamente hará incrementar el mercado ilegal».
De los testimonios de Barriuso, Cowan y Josemans resultó que la regulación legal de cannabis está ocurriendo en varias partes del mundo y ha producido resultados satisfactorios. La decriminalización del consumo de drogas como ha tenido lugar en Holanda y Portugal no causa mayor consumo, pero sí condiciones más seguras para los consumidores de drogas, y también mayor eficacia en la interdicción. También es el caso de España: «En el País Vasco, el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis, una forma de cultivo colectivo de cannabis para uso personal, ha sido reconocido por las autoridades y resulta ser un modelo muy exitoso que no se cuestiona más», explicó Martín Barriuso.
En la audiencia Encod planteó a la Comisión Europea que se llevara a cabo una evaluación de los costos de la prohibición de drogas y los beneficios que podrían ser generados por políticas alternativas. Pero Dana Spinant hizo claro que la Comisión no tiene competencia alguna para tomar iniciativas que abrieran el debate sobre la reforma de drogas. «La responsabilidad está enteramente en los Estados Miembros, es allí donde tenéis que dirigiros», dijo.
Partidarios y detractores del cannabis coincidieron ayer en el Club DIARIO de MALLORCA en que el aspecto más negativo y preocupante en este ámbito es el elevado consumo por parte de los adolescentes españoles y lo fácil que les resulta acceder a esta droga. El presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas, Martín Barriuso; el presidente del Colectivo de Autoconsumo Responsable, David Rabé; el psiquiatra y director de la revista ´Adicciones´, Amador Calafat, y la coordinadora del Plan de Adicciones y Drogodependencias de Balears, Joana Rovira, se dieron ayer cita en el Club para debatir sobre el cannabis en sus diferentes aspectos, aunque inevitablemente la discusión acabó centrada en la cuestión de la legalización.
Para David Rabé, «lo necesario no es tanto plantear si hay o no que legalizar, sino afrontar este asunto desde una amplitud de miras e impulsar una regulación seria». Martín Barriuso incidió en que «no se trata de legalizar para que la comercialización del cannabis se equipare a la que hay sobre el tabaco, en la que se adultera la planta y todo es una cuestión de intereses de grandes compañías». A su juicio, debería apostarse por una «legislación no prohibitiva que permita que una persona adulta pueda consumir y producir para su propio consumo».
Calafat sostuvo que en nuestro país el consumo no está «muy perseguido» y que «la ley no es muy exigente». Junto a ello, afirmó que España «es el país de Europa con más consumo de cannabis y, junto con Bélgica, es en donde más ha crecido el consumo en los últimos años, a la vez que disminuye la percepción de que se trata de un consumo inocuo». En su opinión, una legalización «debería significar también mayor autocontrol y más información de los riesgos, pero no parece que cuando se pide la legalización vayan por ahí los tiros».
Barriuso no se mostró tan de acuerdo con que la actual situación sea benigna para los consumidores, teniendo en cuenta «las 300.000 sanciones al año por tenencia de cannabis, las miles de personas detenidas por tráfico y las incautaciones de pequeños cultivos». Agregó que este esfuerzo por reprimir es un fracaso ya que «la realidad es que los menores no tienen problemas para lograr cannabis y son los adultos consumidores los que sí los tienen, de tal modo que las mafias se aprovechan de los adolescentes».
Para Calafat también el consumo por parte de los adolescentes es «el eslabón más débil y donde están los grandes peligros». En este sentido, recordó que el cannabis afecta a la memoria, lo cual en una edad en la que se está estudiando es especialmente perjudicial, y además parece ser que aumenta la posibilidad de que se presenten o se adelanten psicosis» a una edad temprana. «El cannabis crea adicción y las investigaciones científicas no hacen pensar que sea algo tan suave como se pretende desde los movimientos pro cannabis», añadió el psiquiatra.
Barriuso rechazó esta acusación y aseguró que las Asociaciones Cannábicas llevan mucho tiempo preocupándose por este asunto. «Nunca hemos defendido que el cannabis sea inocuo», resaltó si bien dejó claro que «el cannabis está muy por debajo de los niveles de riesgo que supone el alcohol o el tabaco, que son legales y matan, mientras que el cannabis no mata». Agregó que «la gente no es tonta y con los años sencillamente ve cuál es el nivel de riesgo real». Junto a ello, resaltó que «muchos adolescentes consumen por el placer de hacer lo prohibido, como lo prueba el que los adolescentes holandeses empiezan a consumir mucho más tarde que en España».
En una cuestión en la que sí se mostraron de acuerdo es en romper con la idea generalizada de que el consumo de cannabis es la primera parada en viaje hacia las drogas duras. Para Rovira «hay que empezar a desmitificar eso de que el cannabis sea la puerta de entrada a otras drogas, ya que hay gente que consume temporalmente o que no va más allá». Sostuvo que «si hay que hablar de puertas de entrada a la drogadicción, en todo caso serían el tabaco y el alcohol». Añadió que «el alcohol es la primera sustancia de inicio a las drogas en Balears y es una de las drogas más duras».
Asimismo, se mostraron favorables al uso terapéutico del cannabis, si bien Calafat advirtió que en ese caso se trataría de productos cannábicos elaborados «eliminando los efectos no deseados y potenciando las características que sirven para este uso».
Barriuso apostó por la creación de clubes como los de la Federación de Asociaciones, abiertos sólo para adultos que incluso superen los 20 años de edad, con plantaciones para su consumo, de tal modo que se evitaría la compra en el mercado negro a la vez que se cotiza a la seguridad social y se pagan impuestos. David Rabé también se mostró a favor de esta iniciativa y defendió el «autocultivo responsable para un uso responsable» que hacen muchos consumidores y la necesidad de que se respete ese derecho. Joana Rovira opinó que la existencia de estos clubes «es una opción que se podría tener en cuenta», mientras que Calafat afirmó que «con estos cultivos legales y estos clubes no acabará el mercado negro» ya que «para impedirlo, debería venderse a precios inferiores al los del mercado ilegal».
Programa «La tarde en 24 horas», presentado por Elena Ochoa en Canal 24 horas, debate entre José Luis Sancho, director de Proyecto Hombre en Madrid, y Martín Barriuso, presidente de la FAC.
La semana cannábica que organiza CANNARIAS este año se presenta muy interesante, DESDE EL DÍA 22-26 DE NOVIEMBRE tenemos acompañándonos lo más importante de la escena nacional:
Martín Barriuso , el incansable activista presidente de las FAC y de PANNAGH, la primera asociación del Estado que puso en marcha un cultivo colectivo.
También estará con nosotros Juan Carlos Usó, que contar de este sociólogo, “ el heredero de Escohotado” llegan a decir, autor de varios libros sobre las drogas y sobre todo el de referencia “ Historia de las Drogas en España”.
Estos compañeros estarán en el DEBATE, importante debate, del Viernes de Beñesmer…junto a los políticos :
D. Guillermo Guigou, concejal por Ciudadanos en el Ayunt. De Santa Cruz de Tenerife, Ex director Gral. De Drogodependencias del Gobierno de Canarias. D. José Izquierdo Botellas, médico, Diputado autonómico del Gobierno de Canarias D. Domingo Gari Hayek, Candidato al Parlamento de Canarias por la Alternativa SI SE PUEDE y Profesor de Historia de la Universidad de La Laguna D. Alberto Rodríguez Rodríguez, por Izquierda Unida Canaria D. Gustavo Matos Expósito, Portavoz Municipal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. Abogado También contaremos con la presencia de : Dña. Alicia Mújica, miembro del MOC ( Movimiento de Objeción de Conciencia). Abogada de CANNARIAS.
Y moderará el debate nuestro Secretario: D. Josafat Marrero.
Este año tendremos una visita muy especial: Fernanda de la Figuera que nos ofrecerá un interesante taller sobre la elaboración de la tintura y el Aceite de Cannabis , muy usado y demandado para un uso terapéutico, además “La Abuela Marihuana” estará en el DEBATE del viernes, dando su particular visión sobre todo lo que rodea a la planta del cannabis.
Pero el Beñesmer no acaba ahí .Durante la semana habrán diferentes charlas multimedia y talleres prácticos sobre el cannabis. Este año tenemos la participación de un Especialista en Medicina Nuclear que nos hablará sobre las bondades y riesgos del uso de cannabis terapéutico. Un Ingeniero Técnico Agrícola nos explicará sobre las plagas y los efectos que ocasionan a nuestras plantas, y la forma de luchar contra ellas biológicamente. Hablaremos del “Substrato ideal”, montaremos un Indoor, y alucinaremos con los “Usos mágicos del Cannabis” interesante charla sobre los usos que a través de la historia se le ha dado a la planta, incidiendo en su instrumentalización para rituales mágicos y de sanación.
En esta ocasión, además, metemos una variante: hablaremos sobre otra substancia igualmente demonizada : los psilocybes…¿qué por qué? Porque es una nueva “moda”, tristemente, estos hábitos nunca deberian serlo. Una moda decía, que está en auge y nosotros lejos de crucificar a nadie por el uso de cualquier substancia queremos explicar los riesgos que se corren siendo usuario de ellas, queremos informar sin moralina, sin tópicos, de lo que pasa cuando se ingieren y que te juegas cuando lo haces…
Tú decides, como no puede ser de otra manera …pero infórmate antes. Ese es nuestro lema, como asociación anti prohibicionista que somos.
Y no nos olvidemos de nuestro día más popular, el Jueves de Beñesmer, La Comida y el Cannabis , talleres de Extracción, sorteos, y el CONCURSO DE REPOSTERÍA CANNÁBICA, un día de mucha aceptación donde los participantes enseñan su saber hacer en el arte culinario con cáñamo.
Esto es sólo una pequeña reseña de lo que ofrece la fiesta cannábica de los cannarios, ocho años de beñesmer , los mismos de actividad asociativa y siempre creciendo. Una semana de actos para disfrute de nuestros socios y amigos, que no son pocos, CANNARIAS cuenta con una masa social de más de 400 personas, de todas las islas Canarias, nuestro foro lo visitan más de 70.000 personas distintas mensualmente, y nos debemos a ellos por eso hemos querido hacer quizás el Beñesmer más importante de todos en cuanto a despliegue técnico y humano , la radio Thaifresh.es estará un año más con nosotros cada día en directo para todos nuestros amigos del mundo, acercándoles a casa nuestra semana reivindicativa y festiva. Y habla de despliegue humano porque las personas que colaboran y participan en el Beñesmer son gente preparada y de los más importantes en sus respectivos ámbitos profesional, político y activista.
Y todo esto aderezado de maravillosos conciertos : Keiko, Artistas Alisios, Kakó y su Kakofonías, Alberto Saura, y María…
Y un fabuloso concierto de FIN DE BEÑESMER en la discoteca A Saudade en Santa Cruz, organizado para CANNARIAS por Thaifresh.es donde actuarán DACTAH CHANDO, SIX NATION y SARGENTO GARCÍA , dentro de su gira mundial: SalsaMuffin* Tour feat SERGENT GARCÍA, SUPABASSIE
Y como no Entregaremos el PREMIO «ALEX BLANCO FARIÑAS» AL PUNTAL DEL AÑO 2010, que recaerá esta vez en la Asociación de Internautas del Cannabiscafé – AICC
Así como un premio – reconocimiento especial al Dr. Ricardo Navarrete, «Dr. Cito», como premio a su trayectoria en la lucha del cannabis como medicamento.
Sin más, los invitamos a nuestra celebración activista , a nuestra semana de Beñesmer. Los emplazamos al Lunes 22 de noviembre en el local de la Alternativa SI SE PUEDE, en la AVDA LA TRINIDAD , Nº2, en LA LAGUNA …donde empezará el 8º BEÑESMER DE LAS FLORES, con un pequeño ágape para nuestros asistentes y una charla sobre la situación del Cannabis en España, ofrecida por nuestro presidente. Juan Carlos González, seguida de EL CANNABIS Y EL CÁNCER que ofrece el Dr. D. Francísco Medina Romero.
Se propone un modelo de regulación legal para el mercado de cannabis basado en las normas que regulan las bebidas alcohólicas de baja graduación y el tabaco. Como modelo de transición se propone el de los clubes de consumidores, con producción no comercial en circuito cerrado.
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