Cannabis y más

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Manifiesto de apoyo a Pannagh

Manifiesto de apoyo a la Asociación Pannagh.

Tras la sentencia nº 788/2015 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por la que se condena a cuatro miembros de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh a penas de prisión y cuantiosas multas por un supuesto delito contra la salud pública, las personas y entidades firmantes queremos manifestar:

  • Tal y como quedó acreditado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, y como se recoge en la sentencia absolutoria dictada por la misma, Pannagh es una entidad “legalmente constituida”, cuyos miembros son personas “mayores de edad”, “debidamente identificadas”, y todas ellas “eran consumidoras de cannabis”. En aplicación de sus estatutos y para lograr el “acceso a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso”, “se estableció y se aceptó por los socios la actividad de cultivo para consumo privado”, que incluía “medidas de control para evitar la difusión de la sustancia producida a terceras personas”, difusión que no se ha acreditado que sucediera nunca. Los socios pagaban una “cuota proporcional destinada a cubrir los gastos propios de la asociación y del cultivo”, sin que exista indicio alguno de desvío del dinero a otros fines, de enriquecimiento, ni de que Pannagh pudiera haber servido de “cobertura formal” para la venta de cannabis a terceros. También se ha probado que el cannabis incautado estaba destinado exclusivamente al consumo de los miembros de la propia asociación.
  • Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo altera el relato de los hechos probados para concluir la existencia de delito. El principal argumento es que, aunque el cannabis producido por Pannagh nunca fuera entregado a personas no socias, existe un riesgo potencial de difusión de la sustancia a personas ajenas a la asociación por parte de los socios. Es decir, los cuatro miembros de Pannagh son condenados a prisión por actos que, de haber sucedido –lo cual no está acreditado-, habrían sido cometidos por otras personas sin su conocimiento ni autorización, lo cual es claramente injusto. Además, al presidente y a la secretaria se les imponen multas de 250.000 euros, una cantidad desproporcionada teniendo en cuenta que se considera probado que no intentaron enriquecerse.
  • La Sala 2ª del Tribunal Supremo aprecia la existencia de un “error vencible de prohibición”, es decir, reduce las penas en un grado al considerar que los condenados podían tener motivos para creer que sus acciones no constituían delito, pero a la vez se niega a absolverles afirmando que no hicieron lo suficiente para salir de su error. La sentencia afirma que “tenían la carga de verificar la licitud de la actividad que se proponían desplegar, de tomar conocimiento sobre si la conducta se hallaba en consonancia con el orden jurídico” y que se comportaron con imprudencia al actuar “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada”. La Sala considera que los acusados “no hicieron nada por superar ese error”, “huyeron de mecanismos que habrían logrado disipar dudas”, “se cuidan de ocultar la producción de cannabis y su distribución entre los socios”, y añade que “muchos datos inclinan a pensar en una actitud muy próxima a la relativa indiferencia”.

Sin embargo, lo cierto es que las actividades de la asociación Pannagh han sido objeto de reiteradas resoluciones judiciales que han afirmado su licitud penal, destacando el Auto nº 218/2006 de la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Auto nº 377/2012 de la de Álava, habiendo sido en ambos casos devuelto a Pannagh el cannabis incautado. Esas resoluciones han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación y son, por tanto, del público conocimiento, igual que las propias actividades de Pannagh, que han sido sido claramente toleradas durante años por distintas instituciones públicas. No cabe, por tanto, hablar de “infundada esperanza”, sino más bien de una convicción bien fundamentada, compartida incluso por distintos tribunales de justicia.

También es conocido que entre las actividades llevadas a cabo por Pannagh se encuentran iniciativas de solicitud de amparo promovidas ante diversas instituciones, como el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) o el Parlamento Vasco, a causa de la inseguridad jurídica en la que se encuentran este tipo de entidades. Estas iniciativas, desarrolladas junto con otras asociaciones, dieron lugar a la organización de un Foro por parte del Ararteko en 2011, y a la creación de una ponencia en el Parlamento Vasco en 2012. Difícilmente se puede hablar de “indiferencia”, o de que los acusados y el resto de Pannagh no hicieran nada por salir de su error.

Además, tampoco es creíble que se intentaran ocultar las actividades de cultivo de Pannagh cuando su presidente, Martín Barriuso, ha dado a conocer el modelo de funcionamiento de su asociación y de los llamados Clubes Sociales de Cannabis en muy diversos foros, instituciones y medios de comunicación de diversos países, habiendo sido invitado para ello, entre otras instituciones, por la Comisión Mixta de Drogas de las Cortes españolas, la Presidencia de la República del Uruguay, la Asamblea de la República de Portugal, y la Comisión Europea.

Por todo ello, las personas y entidades firmantes reclamamos públicamente que se remedie lo antes posible la injusticia cometida con esta sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Enero de 2016

Firma el manifiesto de apoyo

Vía CatFac.

Martín Barriuso: 'La sentencia contra 'Pannagh' es política'

29/12/2015.

Martín Barriuso, presidente de la Asociación de cannabis Pannagh, dice que la sentencia en la que los acusan de haber cometido un delito contra la salud pública vulnera los derechos humanos.

Visto en EITB.

Comunicado de la Asociación Pannagh

El Tribunal Supremo condena a cuatro miembros de Pannagh a penas de cárcel en una sentencia plagada de errores y contradicciones. Además de las condenas de cárcel, impone multas de 250.000 euros, a pesar de considerar probado que no hubo enriquecimiento.

Frente a la acusación de “ocultar sus verdaderos fines”, los miembros de Pannagh recuerdan que cuentan con varios precedentes judiciales favorables y que han acudido a diversas instituciones públicas. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que absolvió a los miembros de Pannagh del delito de tráfico de drogas. Ahora, el Supremo los condena a penas de un año y ocho meses de cárcel y multas de 250.000 euros para el presidente y la secretaria, y de seis meses y un día en el caso de los dos socios que trabajaban en el envasado de la cosecha. El tesorero ha sido absuelto por una omisión de la Audiencia.

Para condenar a los otros cuatro acusados, los miembros del Supremo se basan en una argumentación plagada de errores y contradicciones flagrantes, y que además prescinde de datos fundamentales  aportados a la causa y que son relevantes para la defensa. En opinión de Pannagh, se trata claramente de una sentencia política, destinada a desmantelar el movimiento asociativo cannábico, y basada en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el estado español.  Se dice que los condenados actuaron “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos”, olvidando el hecho de que las actividades de Pannagh ya fueron consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 (Auto nº 218/06) y por la de Álava en 2012 (Auto nº 377/12), habiendo sido en ambos casos devuelta la marihuana incautada. Por tanto, los hoy condenados no tenían una “infundada esperanza”, sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva.
También se dice que hubo “ocultación de los fines reales de la asociación” e “indiferencia” ante la posible ilegalidad. Se ignoran así las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento Vasco, que entre otras cosas dieron lugar a la creación de una ponencia parlamentaria en éste último, a pesar de que tanto estas iniciativas como los autos de las Audiencias Provinciales constan en las diligencias practicadas durante la fase de instrucción y en las alegaciones presentadas por la defensa en la fase de recurso.
La nueva sentencia se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona. La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas. Lo más llamativo es que los verdaderos fines de Pannagh se detallan en los antecedentes de la sentencia y se puede ver claramente que en absoluto coinciden con lo que se dice luego en los fundamentos.

Este tipo de errores se repiten en varios puntos más, con el resultado de que el relato de los hechos queda seriamente alterado. Al tratarse de un recurso de casación, la nueva sentencia debe basarse en una nueva valoración jurídica de los hechos que se consideraron probados en la sentencia recurrida, hechos que no pueden modificarse. Sin embargo, los cambios introducidos son numerosos, decisivos y, sobre todo, contrarios a Derecho, lo que vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías. Además, se han introducido nuevas pruebas sin que haya habido una vista donde las partes puedan contrastarlas. Se condena a los miembros de Pannagh en base a, entre otras cosas, lo que se supone que sabían o a sus supuestas intenciones, cuestión que no se planteó en el juicio, y sobre la que el Supremo no ha oído a los acusados antes de condenarles, como exige la ley.

Como ejemplo de esas contradicciones, la sentencia del Tribunal Supremo habla de “falta de control y de los demás elementos exigidos jurisprudencialmente para los supuestos de atipicidad del pretendido consumo compartido”, mientras que la sentencia de la Audiencia Provincial dice que se “evidencia un control de la entrega de las sustancias y de la persona a quien se realizaba la entrega”, y que hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entregan la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondían con la previsión de consumo del socio participe, control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un cultivo compartido”.

Otra contradicción llamativa se refiere a que entre los hechos probados en la sentencia de la Audiencia (que, recordemos, el Supremo no puede alterar) se dice que “se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, y que la sustancia producida “estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de Asociación y el acuerdo de los socios”. Incluso la fiscalía, en su recurso, reconoce que “la Asociación Pannagh puso en funcionamiento un sistema de cultivo de cannabis”. Sin embargo, asombrosamente, la sentencia del Supremo afirma rotundamente que “un reducido núcleo de personas organiza, y dirige la estructura asociativa; disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo,… y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”. Con esto se falta al exigido respeto a los hechos probados, que, como se ha visto, dicen lo contrario: Fue la asociación Pannagh, que no es un “grupo indiscriminado” sino una entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados, quien decidió crear tales estructuras y contrató a los ahora condenados para que las llevaran a cabo en calidad de empleados.

Los condenados han anunciado su intención de presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, previo al recurso de amparo ante el Constitucional, ya que consideran que, entre otras cosas, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario. Los miembros de Pannagh van a convocar en los próximos días una rueda de prensa junto con representantes del movimiento asociativo cannábico para valorar la sentencia y anunciar las iniciativas que piensan llevar a cabo para denunciar este atropello.

La asociación Pannagh quiere denunciar que se haya castigado a varios trabajadores de la asociación por actividades que, como se demostró en el juicio y así consta en la sentencia revocada, fueron iniciativa y responsabilidad de todos los miembros de Pannagh, conforme a sus estatutos y mediante acuerdo asambleario. Se ha acusado a cinco socios de asociación ilícita para luego descartar esta acusación, pero al final el Supremo ha ordenado el decomiso del dinero de las cuentas de Pannagh como si la asociación hubiese sido una mera pantalla de los acusados para cometer delitos, cuando en los hechos probados se afirma lo contrario.

Finalmente, desde Pannagh animamos a seguir luchando por un cambio en las políticas de drogas que acabe con la injusta situación actual, y a seguir impulsando el esperanzador debate sobre la regulación del cannabis que se está produciendo en buena parte del mundo, al que Pannagh ha tratado de contribuir desde su fundación en 2003.

Bilbao, 28 de diciembre de 2015
Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh
pannagh2015@gmail.com

Plataforma de afectados por el cierre de Pannagh

Nota de prensa

Plataforma de Afectadas por el cierre de Pannagh.

Hika Ateneo, Bilbao, sábado 26 de noviembre de 2011.

Hoy por la mañana, unas 70 personas de la Plataforma de Afectadas por el Cierre de la Asociación Pannagh hemos ofrecido una rueda de prensa, de las cuales 30 no se han atrevido a aparecer en las imágenes, por motivos diversos relacionados con el estigma social que se mantiene en torno al consumo de cannabis. Otro numeroso grupo ha enviado su adhesión por escrito. Estaba previsto que la rueda de prensa la ofreciera la propia asociación Pannagh, pero la suspensión cautelar de actividades de la asociación por parte del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao lo ha impedido. Además, el Ayuntamiento de Bilbao negó a última hora el local que se había reservado para ello, obligando a un cambio de lugar.

Martín Barriuso Alonso, socio nº 1 y presidente de Pannagh, y principal imputado en la causa, ha comenzado agradeciendo los apoyos recibidos durante las últimas dos semanas por parte de personas y entidades de numerosos países. También ha informado de que Gorripidea Kultur Elkartea ha abierto una cuenta, con el número 3035-0104-27-1040051014, donde se pueden realizar donativos para pagar la fianza de 15.000 euros impuesta por el juzgado y para financiar los gastos que origine la defensa, dado que la asociación se ha quedado sin recursos económicos.

A continuación, Mikel Isasi, socio nº 71 de Pannagh, ha explicado que estos mismos días se cumplen 50 años de la Convención de Estupefacientes de la ONU, principal cimiento de las actuales políticas prohibicionistas de drogas, cuyo fracaso viene siendo constatado por diversas instancias, entre ellas la propia Unión Europea, en su reciente informe Reuters-Trautman, donde se afirma que las actuales políticas de drogas causan más daño del que pretenden evitar.

Frente a ese fracaso, nuestra asociación intenta promover el modelo de los llamados Clubes Sociales de Cannabis, una propuesta de regulación del cannabis que estamos presentando con gran éxito en toda clase de foros. Isasi ha explicado que, durante los días que permaneció detenido, el presidente de Pannagh estaba invitado como ponente a una conferencia mundial sobre políticas de drogas en la Cámara de los Lores británica, ante una audiencia que incluía varios jefes y exjefes de estado, buena prueba de la proyección internacional de las actividades de nuestro movimiento social, algo que el juzgado de instrucción pretende pasar por alto presentándonos como traficantes.

Pedro Luis Gómez Barrondo, socio nº 120, se ha referido a la indefensión que nos han causado la operación policial y la posterior intervención judicial que, por la vía de las medidas cautelares, ha condenado a Pannagh a la muerte de facto antes siquiera de que exista prueba alguna de delito. Gómez se ha referido después a las ventajas de nuestro sistema de producción y distribución de cannabis en un circuito cerrado de personas adultas (el socio más joven tiene 23 años), sin ánimo de lucro, que nos permite evitar los riesgos del mercado negro y, de paso, crear puestos de trabajo y generar impuestos y cotizaciones. También ha explicado cómo accedió a Pannagh para obtener cannabis para tratar su fibromialgia y la gran ayuda que ha supuesto para él y otras personas socias la existencia de nuestro colectivo.

Al aspecto económico se ha referido José Antonio Tabernilla, socio nº 2 de Pannagh, que ha explicado que el hecho de que tuviéramos unos 108.000 euros en una cuenta a nombre de la asociación es la mejor prueba de que nadie se ha quedado el dinero, porque en tal caso estaría oculto y no en una libreta de “ahorro a la vista”. Por otra parte, si dividimos unos 100.000 euros entre unos 300 socios/as (somos 327) nos dan unos 300 euros por persona socia, una aportación muy por debajo de la que se realiza en multitud de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro fuera de toda sospecha. Tabernilla ha explicado que, en el momento de la clausura judicial, la asociación tenía 5 personas en plantilla y que en la cosecha de este año han participado unas 50 personas, lo que origina gran cantidad de gastos, a los que hay que sumar alquileres, teléfono, viajes, etc. Desde su fundación, Pannagh ha dado empleo directo a 13 personas con sus correspondientes contratos laborales y cotizaciones sociales.

En lo que va de año 2011, Pannagh ha pagado unos 12.000 € a la Seguridad Social y el ejercicio 2010 abonó unos 10.000 € en concepto de Impuesto de Sociedades, además de las declaraciones de IVA. De hecho, Pannagh cuenta con Certificación Positiva de la Hacienda Foral de Bizkaia, certificación que poseen muy pocas empresas y entidades de nuestro territorio y que significa, no solo que estamos al día de nuestras obligaciones fiscales, sino que en ningún momento de nuestra historia hemos dejado de estarlo. En otras palabras, contamos con la Q de calidad en materia tributaria, lo que da idea del rigor de nuestro trabajo.

Txelu Manrique, socio nº 675, ha explicado que el cese en el suministro de cannabis por parte de Pannagh le ha obligado a ingresar cuatro días en el hospital, donde los medicamentos que le han administrado no han logrado eliminar sus dolores y vómitos. Ha manisfestado que la marihuana incautada era de su propiedad y de la del resto de socios, que la necesita con urgencia por motivos de salud y ha pedido que nos sea devuelta, igual que ocurrió tras la anterior intervención policial de 2005, pero sin esperar dos años a que se estropee, como pasó entonces. También ha explicado que buena parte de la marihuana se usa para preparados terapéuticos, como tinturas, alcohol para friegas o tinturas, elaborados por los propios miembros de la asociación y que en muchos casos no se pueden consumir como droga, al ser de uso externo, y que la Policía Municipal se negó a incautarlos para no alterar la imagen de traficantes que pretenden dar de nosotros/as.

Jairo Pérez, socio nº 612, ha expuesto que él es socio de tipo recreativo y que entró en Pannagh a través de un amigo para evitar los riesgos del mercado negro, algo que le ha permitido conocer la calidad de lo que consume y que la intervención policial y posterior cierre le ha obligado, igual que otros muchos socios, a volver a comprar en el mercado negro, donde la falta de calidad es la nota dominante, además de que el dinero pasa a manos de redes mafiosas, con lo que la policía y el juez, en vez de debilitar el mercado negro, lo que están consiguiendo es potenciarlo.

A continuación, Martín Barriuso ha vuelto a intervenir para explicar la manera en que funciona el sistema de cultivo de Pannagh, mediante pequeñas parcelas alquiladas a jóvenes agricultores y agricultoras, miembros a su vez de Pannagh, que se señalizan con carteles y en los que se cultivan plantas que lleva la propia asociación. Estos agricultores, que usan técnicas ecológicas, se encargan del cuidado de las plantas, con participación de otras personas de la asociación, y con cobro mediante factura que incluye horas de trabajo y alquiler de instalaciones y equipos. Estos agricultores (agrupados en 12 explotaciones) obtienen así un ingreso complementario que les ayuda a sobrevivir en un momento especialmente duro para la agricultura. No es una venta, sino una colaboración donde se paga el trabajo realizado, y se pagan impuestos en todo el proceso, sin que nadie viva en exclusiva de ello.

La mayor parte del dinero bloqueado en la cuenta era para pagar el trabajo y alquileres de este año y ahora estas personas se quedarán sin cobrar.

A continuación, Barriuso ha explicado el operativo de la Policía Municipal, que ha calificado de ilegal, innecesario y desproporcionado. Ilegal porque, entre otras irregularidades, los policías accedieron al local mediante engaño y sin orden judicial. Innecesario porque lo que se ha conocido tras la chapucera investigación del grupo antidroga se habría podido lograr sencillamente mediante una citación para declarar y la petición de la documentación pertinente, ya que Pannagh paga todo a través del banco y tiene facturas y contratos de todo lo que hace. Y desproporcionado por la exagerada cantidad de medios desplegados. Baste como ejemplo que uno de los 10 días de vigilancia y seguimiento, hubo nada menos que 9 agentes y al menos cuatro vehículos dedicados en exclusiva a seguir a Barriuso, mientras que el martes 15 de noviembre a la mañana, por ejemplo, para cubrir los distritos de Zorroza, Rekalde e Indautxu solo había un coche patrulla con dos agentes.

Por otra parte, Barriuso ha denunciado que esta intervención desmedida se produce después de años en los que nuestras actividades han sido claramente consentidas. Ha habido multitud de ocasiones de detener nuestras actividades y no se ha hecho. Para empezar, Pannagh está inscrito en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con unos estatutos en loa que se deja claro que uno de los fines de la asociación es la creación de un cultivo de cannabis para distribuir entre las personas socias y otro es la creación de un espacio privado para el consumo. En segundo lugar, hemos presentado denuncias por robo a la Ertzaintza en cinco ocasiones, en 2009, 2010 y 2011, y ha habido agentes en los cultivos y se han tomado muestras de las plantas. También se ha notificado el emplazamiento de varios cultivos por escrito a la propia Ertzaintza.

Además de lo anterior, Pannagh ha dado a conocer por diversas vías la naturaleza de sus actividades. Cabe destacar el reciente Foro Monográfico sobre cannabis organizado por el Ararteko, donde el presidente de Pannagh dio explicaciones detalladas en presencia del Fiscal Superior del País Vasco y los fiscales jefes de Gipuzkoa y Araba, lo que da idea de la ausencia de clandestinidad. De hecho, estábamos pendientes de una visita del Fiscal Superior al local de la asociación, donde iba a conocer nuestro funcionamiento de primera mano.

Barriuso también ha explicado que Pannagh funciona en la convicción de estar dentro de la ley y que hemos actuado de buena fe. Aparte de diversos informes jurídicos (entre ellos uno del Departamento de Interior del Gobierno Vasco) en los que se dice que nuestras actividades son legales, contamos con un antecedente judicial favorable. En efecto, en 2005 sufrimos una intervención similar de la Policía Local de Bilbao, que afirmaba entonces que se había incautado de 150 kg de cannabis –casi el doble que ahora- y, sin embargo, el caso se archivó por parte de la Audiencia Provincial y la marihuana fue devuelta. Además, Barriuso ya fue imputado en 1997 como presidente de la asociación Kalamudia, con unos 200 kg de marihuana, y el caso se archivó igualmente, con autorización expresa del juzgado para la cosecha.

El todavía presidente de Pannagh ha explicado que él no es el dueño de la asociación, sino un cargo electo destituible en cualquier momento y que debe obedecer los mandatos de la asamblea general. Al cerrar el local y prohibir las actividades, el juez está prejuzgando el caso y dando por sentado que esto no es un colectivo con vida asociativa, sino un negocio particular. De hecho, da la sensación de que nos cierran para impedir que nos defendamos.

Barriuso ha aclarado también que no se enriquece con el trabajo que realiza en Pannagh, tal y como reconoce la juez que ordenó su puesta en libertad bajo fianza, que afirma en su auto que no hay riesgo de fuga, dado que el imputado es funcionario en excedencia voluntaria del Ayuntamiento de Bilbao y no necesita trabajar en la asociación para sobrevivir y que el sueldo que cobra de esta y los bienes que posee (un coche de 14 años de antigüedad intervenido por el juzgado, una vivienda hipotecada desde hace 18 años y valorada en unos 100.000 euros, y una cuenta con 2.000 euros que tuvo que gastarse para pagar la fianza) “no hacen prever que tenga capacidad económica para abandonar España”

También ha explicado que la forma de trabajar de Pannagh no es para nada la propia de unos traficantes: Se informa de lo que hacemos a todo el mundo –policía y fiscalías incluidas-, comunicamos a la policía dónde están los cultivos, guardamos el dinero en el banco, pagamos todo con tarjeta y factura, los trabajadores están dados de alta en la seguridad social, usamos un almacén de seguridad que pagamos con una cuenta de ahorro “a la vista”, y nuestra marihuana lleva un sello identificativo, que incluye nuestro número de registro. Es decir, damos todo tipo de facilidades para que nos localicen e intervengan. Por eso ha sido tan fácil para paralizar nuestras actividades. ¿Alguien se imagina a un narcotraficante poniendo fotocopias de su carné de identidad en cada paquete de droga?

La intervención judicial deja 5 personas en paro, y 327 socios, de ellos 157 con indicación terapéutica, desabastecidos. Barriuso ha expuesto también que su situación personal es lamentable: le han dejado sin trabajo, sin coche, sin dinero, sin teléfono ni agenda, sin ordenador, y hasta sin llaves de casa y sin la documentación de su madre. De hecho, considera que ha sido condenado sin juicio.

El presidente de Pannagh ha denunciado que la policía y los tribunales les han causado distintas formas de daño, y que se ha gastado una cantidad absurda de dinero público en perseguir a Pannagh, una asociación que realiza aportaciones positivas a la sociedad, entre ellas la creación de puestos de trabajo, el debilitamiento del mercado ilícito de drogas, la asistencia a pacientes que carecen de la atención debida y pago de impuestos y seguros sociales, tan importantes en tiempos de crisis. Ahora bien, se preguntaba Barriuso, ¿a quién hemos hecho daño, dónde están nuestras víctimas? También ha denunciado que se les haya dado tratamiento de asesinos por distribuir en privado y sin ánimo de lucro una planta medicinal.

Finalmente Barriuso ha manifestado estar orgulloso de su trabajo, de la asociación que preside y de la aportación que vienen realizando al necesario y siempre aplazado debate sobre políticas de drogas. Plataforma de Personas Afectadas por el Cierre de Pannagh

Contactos: Prensa 676681363

Martín Barriuso 670996335

Correo: eusfac@gmail.com

Comunicado de la Asamblea General Extraordinaria de Pannagh

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Usuarios/as de Cannabis Pannagh, reunida hoy con carácter de urgencia, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

Denunciar enérgicamente la intervención, a todas luces desproporcionada, de la Policía Municipal de Bilbao contra nuestra asociación, subrayando especialmente que la entrada en el local social se produjo mediante engaño, sin orden judicial y con abuso de autoridad.

Declarar públicamente que la propiedad de todos los efectos incautados en los locales y terrenos arrendados a nombre de la asociación, incluyendo los derivados del cannabis, son propiedad colectiva de todos los miembros de la asociación, y que el dinero depositado en las cuentas de las que Pannagh es titular provienen íntegramente de nuestras cuotas y de actividades legales que lleva a cabo nuestra asociación, estando destinado a costear los gastos de las diversas actividades que la asociación lleva a cabo.

Declarar que nuestro presidente Martín Barriuso Alonso, así como el resto de la Junta Directiva, han actuado en todo momento en representación y siguiendo el mandato de las sucesivas asambleas generales de socios/as, en el sentido de poner en marcha un cultivo colectivo de cannabis destinado al consumo de las personas socias, tal y como se refleja expresamente en los fines sociales recogidos en nuestros estatutos, que han sido considerados legales al ser inscritos en el Registro de Asociaciones. Asimismo, declaramos que los otros dos socios imputados junto con el presidente estaban llevando a cabo, mediante contrato laboral, trabajos encomendados por el resto de la asociación, sin que tuvieran un grado de responsabilidad en la toma de decisiones mayor que el resto de la asamblea general.

Declarar que los derivados del cannabis que se han intervenido en la operación policial están destinados a la creación de un fondo común para su distribución en un circuito cerrado, formado solo por personas socias, y por tanto mayores de edad, y que dichas personas iban a destinar esos productos exclusivamente a su uso personal y que nunca hemos transmitido ni tenemos intención de transmitir parte alguna de ese cannabis a terceras personas.

Reclamar el inmediato archivo de la causa abierta contra nuestros tres socios detenidos el pasado lunes, por entender que no han cometido delito alguno, ya que nuestra asociación lleva a cabo sus actividades amparándose en la doctrina jurisprudencial sobre el llamado consumo compartido, tal y como afirmó la Audiencia Provincial de Bizkaia en el auto por el que archivó la causa abierta por la anterior intervención de la policía municipal en 2005. Asimismo reclamamos la inmediata restitución del cannabis y del resto de efectos y documentación incautados, así como el desprecinto de nuestra sede social y el desbloqueo de nuestras cuentas.

Denunciar especialmente el desabastecimiento al que la actuación de la Policía ha condenado a los 157 miembros de Pannagh que consumen por estar diagnosticados de enfermedades, algunas graves, para las que está demostrada la eficacia terapéutica del cannabis. En este sentido, consideramos responsables del menoscabo que pueda sufrir la salud de estas personas a quienes han ordenado esta intervención traumática y absurda.

Protestar por los intentos deliberados de presentarnos como narcotraficantes, cuando en realidad lo que hacemos es crear un circuito cerrado de autoabastecimiento legal de cannabis al margen del mercado negro, lo que contribuye precisamente a reducir el narcotráfico. La intervención de la Policía Municipal va precisamente en el sentido contrario, promoviendo el narcotráfico que dice perseguir, al empujar de vuelta al mercado ilícito a las 327 personas que formamos Pannagh.

Exigir el fin de la absurda persecución que sufren tanto nuestra asociación como nuestro presidente, el respeto a nuestra labor, y la garantía de nuestros derechos, especialmente el derecho a la salud, a la libre circulación, al libre desarrollo de la personalidad y a no ser discriminados/as por tener hábitos `personales que no causan daño alguno a terceras personas.

Aclarar que la cifra de 78 kilogramos de marihuana proporcionada por la Policía Municipal es falsa, ya que incluye, además de productos aptos para el consumo, otros que no lo son, como desechos de la cosecha, plantas contaminadas por hongos e incluso, en el colmo de la desvergüenza, dos cajas con marihuana recolectada en 2005, que ellos mismos nos incautaron y que nos fue devuelta por los tribunales.

Reclamar una regulación legal clara para el cultivo, tenencia, consumo y distribución de cannabis que acabe con la actual situación de inseguridad jurídica que permite que suframos una y otra vez intervenciones policiales y judiciales a pesar de haber obtenido resoluciones judiciales que avalan la legalidad de nuestras actividades. En este sentido, los miembros de Pannagh nos sumamos a la propuesta de regulación legal que ha aprobado hoy mismo la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC).

Abrir una cuenta bancaria, cuyo número se comunicará a la mayor brevedad, destinada a la recaudación de fondos para el abono de la fianza de 15.000 euros impuesta a nuestro presidente y abierta a las aportaciones de nuestros miembros y a cualquier otro individuo, colectivo o entidad que desee colaborar. En caso de que se recaude una cantidad mayor de 15.000 euros, el resto de la recaudación se destinará a un fondo de resistencia, gestionado por la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), destinado a sufragar otras posibles fianzas impuestas a miembros de la FAC por actividades de cultivo colectivo. En caso de devolución de la citada fianza, su importe se sumará al que haya en ese momento en el fondo de resistencia.

Continuar con la actividad de reparto del cultivo colectivo de cannabis, dando prioridad a los socios/as con indicación terapéutica, pero sin excluir a ningún miembro en la medida de lo posible, actividad que se gestionará de forma colectiva, así como prohibir a los tres socios actualmente imputados por delito contra la salud pública que, por su propia seguridad, participen activamente en estas tareas.

Convocar una nueva Asamblea General Extraordinaria para el próximo martes día 22 de noviembre a las 19,30 h en primera convocatoria y a las 20,00 h en segunda convocatoria, para decidir los mecanismos colectivos concretos que utilizaremos para seguir adelante con dicha actividad.

Comunicar los presentes acuerdos a la opinión pública.

Bilbao, a 19 de noviembre de 2011.

La Asamblea General Extraordinaria de Pannagh.

Contacto: Joseba del Valle, responsable de prensa. 676681363.

Email: pannagh@pannagh.org

Web Pannagh.

«No soy traficante, formo parte de un movimiento social»

Martín Barriuso queda en libertad provisional con fianza de 15.000 euros y denuncia que «los enfermos se van a quedar sin marihuana»

«No nos saltamos la Ley, queremos cambiarla». Después de permanecer detenido durante «80 horas» y tras ser puesto a disposición judicial la noche del jueves, Martín Barriuso se mostraba ayer «furioso» tras quedar en libertad provisional con fianza de 15.000 euros y denunciaba la persecución que sufre por parte de la Policía Municipal de Bilbao. El presidente de la asociación para el estudio del cannabis Pannagh fue arrestado por tráfico de drogas. En la sede se encontraron 79 kilos de marihuana en cogollos y una libreta con 110.000 euros.

«Me han tratado como un criminal y no soy un traficante, formo parte de un movimiento social», protestaba ayer. Barriuso se ha convertido en un activista en defensa de la despenalización del cannabis. Su asociación suma en la actualidad 330 socios, el más joven de 22 años, que pagan una cuota anual para sufragar los gastos de mantener 12 plantaciones de ‘maría’ en distintos puntos de Bizkaia y Álava con un «fondo común». 120 de los integrantes cuentan con certificados médicos que aconsejan el consumo de esta sustancia. «Los enfermos se van a quedar sin su marihuana y 330 personas van a volver a comprar en el mercado negro». La asociación tenía cuatro personas contratadas, entre ellas a Barriuso, que se ha quedado «en paro, sin teléfono, ni coche ni portátil y con 45 euros en la cartilla; los amigos me han tenido que ayudar a pagar la fianza».

«Al filo de la ley»

Barriuso defiende «la doctrina del consumo compartido» y asegura que la asociación forma «un circuito cerrado sin ánimo de lucro» y que sólo reparten marihuana entre sus socios. Respecto a la enorme cantidad de droga decomisada, mantiene que «no es tanta; correspondería a unos 100 gramos para cada uno, que no da para el consumo de un usuario moderado». En esta época del año se realiza la cosecha y se reparte.

Los policías que le arrestaron seguían el artículo 369 del Código Penal, que castiga el tráfico de esta sustancia, considerada ilegal. La clave del proceso pasará por determinar si los socios podían vender después la ‘maría’ a terceros. Barriuso ya quedó absuelto tras descubrirse una plantación en noviembre de 2005 y ser arrestado por la Policía local bilbaína. «¿Cuántas veces le tienen que detener a uno para que quede claro que no está cometiendo un delito?». Se muestra convencido de que «esto va a quedar igual» que entonces. «Estamos al filo de la ley, no fuera».

Visto en El correo.

Comunicado de Pannagh

En la tarde de ayer, agentes de la Policía Municipal de Bilbao procedieron a la intervención de la Asociación Pannagh y a la detención de su presidente Martin Barriuso y la de otros dos socios colaboradores acusados de un supuesto delito de tráfico de drogas. Sobre las 17:00 horas varias patrullas del citado cuerpo policial se presentaron en la sede de Pannagh en Deusto y sin dar mayores explicaciones procedieron al registro del local y a la detención de todas las personas que en ese momento en él se encontraban. Desde entonces las noticias sobre los arrestados o sobre su situación han sido escasas ya que los tres detenidos permanecen incomunicados a la espera de que se les tome declaración, primero en la propia comisaría y después en los Juzgados de Bilbao.

Ante esta nueva agresión hacia todos los intereses y derechos de nuestra asociación, desde la Junta Directiva queremos denunciar la nula investigación y la reiterada torpeza demostrada por la Policía Municipal. Por lo que parece, los continuos pasos públicos seguidos por nuestra agrupación no son tenidos en cuenta por unos cuerpos de seguridad que no hacen sino volver a entorpecer la marcha normal de la justicia reiterándose en actuaciones que siempre terminan por quitarles la razón. Desde Pannagh siempre hemos mostrado transparencia, participación y trabajo de concienciación en reuniones con las instituciones y diferentes administraciones públicas, necesarias para demostrar que en ningún caso ni la asociación ni sus miembros se dedican ni al narcotráfico, ni al tráfico, ni al menudeo de ningún tipo de estupefaciente o droga. Somos un movimiento social que reivindica, como alternativa, una regulación del cannabis para acabar con el mercado negro y los beneficios desmesurados que algunos perciben gracias a las actuales políticas de drogas.

Pannagh es una alternativa real para más de 300 usuarios de cannabis que han decidido desvincularse totalmente de la práctica del mercado negro y una necesidad vital para 120 personas que utilizan el cannabis con certificado médico como paliativo para las múltiples dolencias suseptibles de ser tratadas con cannabis, algunas de ellas según la AICM como medicamento de primera elección.

Por el momento, y hasta que nuestros abogados puedan darnos más detalles del transcurrir de los acontecimientos, desde Pannagh sólo nos queda exigir la inmediata puesta en libertad de los detenidos al mismo tiempo que agradecemos las innumerables muestras de apoyo recibidas desde innumerables ámbitos.

Junta Directiva PANNAGH

(Apoyada por las JD de FAC y EUSFAC)

[Actualizado] Nueva acción de la policía contra Pannagh

Actualización 14:25.
ANULADA la CONCENTRACION
La abogada de la asociacion nos ha recomendado paciencia en el dia de hoy, y que es mejor que no alteremos los animos de los policias.
Por lo que QUEDA ANULADA LA CONCENTRACION DE HOY DIA 15.
Estaros atent+s por si convocamos algo mañana o estos proximos dias.
Actualización 12:27.

Desde la asociación Pannagh os llamamos a reunirnos HOY delante de la comisaria de la Policía Municipal de Bilbo en Garellano, donde todavía estan detenidos y sin haber declarado Martin Barriuso, presidente de Pannagh y de FAC, y las dos personas trabajadoras de Pannagh.
La concentración la haremos hoy día 15 de noviembre a las 17 horas (5 de la tarde).
Difundidlo, ya que cuanta más gente seamos más cuenta se darán que no somos cuatro los que apostamos por la LEGALIDAD!!
Todavía no sabemos cuando pasaran a prestar declaración delante del juez, pero al parecer no va ha ser hasta mañana día 16.

La asociación Pannagh fue intervenida por agentes de la Policía Municipal de Bilbao la pasada tarde. Su presidente Martin Barriuso y varios de sus trabajadores permanecen detenidos a espera de que se les tome declaración.

Visto en el muro de Pannagh en Facebook.

Más info en el blog de Pannagh.

 

Cannabis en TV

Noticias y programas vistos en TV  sobre cannabis y subidos a la Videoteca de Cannabis y más.

Ver “Cannabis el vecino oculto” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Enfoque La2 coloquio sobre La Marihuana” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Cannabis en Navarra” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Cannabis medicinal en Navarra Directo” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Europa y las drogas” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Vidas anónimas – Fernanda de la Figuera” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Pannagh Cultivo de marihuana para socios” en La Videoteca de Cannabis y más

Ver “Martín Barriuso sobre los clubes sociales de cannabis” en La Videoteca de Cannabis y más

Continuará…

Un juez cuestiona las sanciones sobre drogas a los conductores

Vuelve a tener razón Pannagh sobre el test de drogas a los conductores.

Visto en El País.

Un conductor que toma drogas no siempre es un peligro en la carretera. La cantidad y el tipo de sustancia que ingiere han de tenerse en cuenta para decidir si eso influye en su conducción y, por tanto, debe ser sancionado. Así lo interpreta, al menos, una sentencia dictada por un juzgado de Tarragona que obliga al Servicio Catalán de Tráfico a devolver a un joven los 600 euros y los seis puntos del permiso de conducir con los que le sancionó por circular, supuestamente, «bajo los efectos» del cannabis.

El joven fue sometido a un control en 2008, cuatro horas después de haber compartido un porro con unos amigos. Su abogado, Carles Herrera, argumenta que, a diferencia de las pruebas de alcoholemia, las de droga no discriminan cantidades: solo indican si el test es positivo o negativo. No es lo mismo circular con 0,20 miligramos por litro de aire aspirado, que hacerlo con 0,70. Las consecuencias son distintas. En el caso de las drogas, no hay diferencia entre fumar un porro o tomar dosis elevadas de cocaína.

«No queda acreditado», arguye la sentencia, «que la mera presencia de sustancia influyera en la conducción». De modo que «no está probado» lo que indicaba la sanción: que el joven se encontraba «en un estado físico y mental inapropiado para circular sin peligro».

El juez afea la actuación de los Mossos d’Esquadra por no «completar la información» del test especificando la cantidad de droga, su uso y principio activo. Y sobre todo, recrimina a los policías que no informasen de posibles signos externos que un conductor incapacitado para ponerse al volante presenta; por ejemplo, síntomas de fatiga o andar deambulante.

Absuelto un conductor por ser insuficiente la prueba de saliva por cocaína

Pasó el control tras causar un accidente con heridos en San Vicenç de Castellet

Fue condenado a un año y cinco meses de retirada de carné por dar positivo

La Audiencia de Barcelona dice que le tendrían que haber hecho pruebas de sangre

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un conductor que fue condenado a un año y cinco meses de retirada de carné por haber dado positivo en un control de drogas tras causar un accidente con heridos en San Vicenç de Castellet (Barcelona), por entender que la prueba de saliva que se le realizó fue insuficiente.

Según publica el diario Regió 7, la Audiencia ha aceptado el recurso presentado por el conductor, Joaquín B.M. -que también fue condenado a pagar una multa de 1.620 euros– por considerar que el control para detectar sustancias estupefacientes que se le practicó no sirve para demostrar que conducía bajo los efectos de la cocaína.

Los jueces de la Audiencia reconocen que la prueba practicada acredita que el acusado había consumido cocaína, pero que el control de salivano sirve para cuantificar la cantidad de esta droga que tenía en la sangre y si ésta le incapacitaba para conducir.

El Tribunal apunta en su sentencia, que es firme y sobre la que no cabe recurso, que para determinar este supuesto hubiera sido necesario tomarle una prueba de sangre al conductor.

Sin embargo, indican las mismas fuentes, los Mossos siguieron en este caso el procedimiento habitual, la toma de saliva, que suelen realizar en estos casos, cuyos resultados son utilizados como prueba para una condena por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2007, fecha en el que el Joaquín B.M. chocó en la C-55 con dos vehículos tras perder el control de su coche -que no tenía seguro- e invadir el carril contrario. El conductor de uno de estos turismos, y el propio Joaquín B.M. resultaron heridos leves.

Visto en EL Mundo.

Ya comentó Pannagh en su momento «Los tests de consumo de drogas en carretera son inexactos, discriminatorios, carecen de base legal y provocan inseguridad jurídica«

Fallando el drogotest

Leyendo la noticia me encuentro en «ültima hora de Ibiza» con una no tan sorpresa, fallo del drogotest realizado por la Guardia Civil.

En la primera de las pruebas de cocaína que se le hicieron, en el mismo lugar del accidente, la rotonda de Jesús, dio positivo, un test realizado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico mediante el sistema Dräger Drug Test 5000. La prueba debía repetirse tiempo después en el hospital de Can Misses mediante análisis de sangre o de orina, y por algún motivo, en esta ocasión, dio negativo. En cualquier caso, a efectos jurídicos, sólo cuenta la última de las pruebas.

Este negativo en coca no había trascendido hasta ahora, y este diario, al día siguiente del accidente, publicó tan sólo el positivo del Dräger Drug Test 5000.

Hachís y alcohol

Al parecer, R.G.A. negó haber consumido cocaína, pero sí admitió haber fumado hachís. De hecho dio positivo en cannabis en el test médico, pero se trata de una prueba que no demuestra cuándo consumió la droga, por lo que no es vinculante desde el punto de vista legal.

R.G.A. también dio positivo en alcohol, pero fueron 0,22 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, tres centésimas menos del límite permitido por la ley.

Se demuestra que el drogotest falla.

Según la casa que lo comercializa en España:

El Dräger DrugTest 5000 analiza muestras de saliva en busca de drogas como opiáceos, cocaína, canabis, anfetaminas, drogas de diseño, y tranquilizantes del grupo de las benzodiacepinas. El sistema es muy sensible y puede detectar incluso pequeños trazos de droga en fluidos orales. La interferencia con otras sustancias es prácticamente nula. Comparados los resultados del laboratorio de una muestra de fluidos con los del DrugTest 5000, el sistema Dräger DrugTest 5000 obtiene más del 95 por ciento de fiabilidad, excediendo así los resultados hasta hora obtenidos en carretera

Moraleja, si te pillan en un control, solicita contra análisis.

Pannagh vuelve a tener razón.

Drogotest y su falta de transparencia. Pannagh tiene razón

Ya lo comentaba Pannagh allá por noviembre de 2007. Ahora Legalitas certifica lo que ya se ha comentado durante mucho tiempo. La poca fiabilidad del test de saliva e incluso del de sangre.

El servicio de asesoramiento jurídico Legalitas ha denunciado que el ‘drogotest’, unas pruebas de saliva y sangre que se están llevando a cabo para detectar el consumo de drogas entre los conductores, no suponen una prueba suficiente para invalidar el derecho a la presunción de inocencia.

Según el servicio de asesoramiento jurídico, «un abogado no puede ignorar en ningún caso que a todos y cada uno de los conductores nos ampara la presunción de inocencia. En este sentido, se impone que la prueba de detección de consumo de drogas sea extremadamente rigurosa para que pueda admitirse como un soporte probatorio capaz desvirtuar ese derecho fundamental».

«Llama la atención la falta de transparencia en la información sobre los métodos de detección del consumo de drogas y de su fiabilidad. En el caso del alcohol no cabe ninguna duda, desde el punto de vista científico, de si su consumo se ha realizado inmediatamente antes de ponerse al volante, así como de su influencia negativa sobre la conducción», añaden.

Sin embargo, según la asesoría jurídica, «todavía no existe ningún sistema para que la detección del consumo de drogas pudiera verificar si la ingesta se ha producido inmediatamente antes de subir al vehículo, así como que provoca un efecto negativo sobre la conducción en ese preciso momento».

Por último, la compañía señala que «las principales dificultades de estos controles se encuentran en la escasa fiabilidad del método, ya que la droga en saliva deja rastro en el organismo incluso varias semanas después de su consumo. Ni siquiera el análisis sobre las muestras de sangre u orina que puedan hacer los especialistas con la titulación adecuada para realizar una analítica toxicológica puede dictaminar el momento concreto de la ingesta de estupefacientes».

El mecanismo de los ‘drogotest’ consiste en escupir en una probeta una cantidad suficiente de saliva para cubrir una marca y añadir una mezcla líquida para separar las sustancias. Transcurridos unos minutos, un marcador muestra los resultados.

Vía: Expansión

[Video] Pannagh en FR3, cadena pública francesa

El pasado 17 de enero, el programa Avenue de L’Europe, de la cadena pública francesa FR3, emitió un espacio titulado «L’Europe et la drogue» («Europa y las drogas»), donde se revisaban algunas alternativas a las políticas de drogas basadas en el miedo y la represión. Además de tratar sobre la experiencia holandesa y los programas suizos de suministro de heroína, el reportaje se abria con una visita a la sede de Pannagh en Bilbao, donde el presidente de esta asociación, Martín Barriuso, y otros miembros de Pannagh explicaban la filosofía de los clubs cannábicos, el funcionamiento de la asociación y los problemas a los que se enfrenta (como el robo de las cosechas).

El programa es muy interesante y el tratamiento de las tres cuestiones, de una objetividad exquisita. Se puede ver online (con Explorer, pero no con Firefox) en la web de Avenue de L’Europe o, para descarga, en Filedropper.

Avenue de l’Europe: L’Europe et la drogue

Vía: FAC – Federación de Asociaciones Cannábicas

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